La entidad rechazó cualquier injerencia política y aseguró que su decisión respondió a un procedimiento técnico iniciado meses antes, aunque la coincidencia temporal con una visita presidencial reavivó las suspicacias.
El Indecopi salió al frente de una denuncia pública que lo señala por presuntamente haber emitido una resolución favorable al empresario chino Zhihua Yang, propietario del local Market Capón, apenas dos días después de una visita del presidente José Jerí a dicho establecimiento, conocido por su cercanía personal con el mandatario.
La polémica se desató luego de que se conociera que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi resolvió impedir que la Municipalidad Metropolitana de Lima continúe clausurando locales dedicados a la venta mayorista en el Centro Histórico, una decisión que, en la práctica, beneficiaría a negocios como el del empresario mencionado.
Ante el cuestionamiento, el Indecopi difundió un comunicado oficial en el que rechazó “categóricamente” cualquier afirmación que sugiera un favorecimiento indebido a una persona o empresa específica mediante la emisión de un pronunciamiento administrativo.
Según precisó la entidad, la Resolución N.° 0010-2026/CEB-INDECOPI, emitida el 9 de enero de 2026, declaró en primera instancia la existencia de barreras burocráticas impuestas por la Municipalidad de Lima, relacionadas con la prohibición de determinadas actividades económicas en el Centro Histórico, las cuales estaban contenidas en normas municipales de alcance general.
Indecopi sostuvo que el pronunciamiento no analizó ni resolvió un caso particular, ni se refirió a la situación de un establecimiento específico, y recordó que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas no tiene facultades para ordenar la apertura o el cierre de locales, atribución que corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales.
Asimismo, la institución aseguró que la investigación previa a la resolución se desarrolló dentro del plazo legal de 120 días hábiles y bajo los principios de legalidad, imparcialidad y probidad, sin atender a hechos externos al procedimiento administrativo.
Finalmente, el Indecopi aclaró que la resolución aún no se encuentra en ejecución, ya que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene plazo hasta el 2 de febrero de 2026 para presentar un recurso de apelación, el cual será evaluado por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas como segunda y última instancia administrativa.
Pese al pronunciamiento oficial, el caso ha vuelto a poner bajo escrutinio la relación entre decisiones administrativas, intereses empresariales y el entorno político del Ejecutivo, en un contexto de alta sensibilidad por el uso del poder y la transparencia institucional.
