Iván Paredes presentó su renuncia irrevocable al frente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en una carta dirigida al presidente José Jerí, en medio de cuestionamientos periodísticos y judiciales que incluyen contrataciones sin requisitos y audios por presuntos sobornos.
Iván Paredes Yataco presentó este martes su renuncia irrevocable al cargo de jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), decisión que comunicó mediante una carta dirigida al presidente de la República, José Jerí y difundida en sus redes sociales.
En la misiva, fechada el 20 de enero de 2026, Paredes agradeció la confianza depositada en su persona para liderar la institución y aseguró su compromiso de realizar una transferencia ordenada y transparente del cargo, con la finalidad de no afectar el funcionamiento del sistema penitenciario ni los proyectos en marcha.
Paredes había asumido el liderazgo del INPE el 5 de julio de 2025, en reemplazo de Javier Llaque, y su gestión se veía marcada por polémicas que se intensificaron en los últimos meses.
Denuncias y cuestionamientos
La renuncia se produce en medio de una serie de cuestionamientos periodísticos que incluyeron revelaciones sobre presuntas contrataciones de jovenes sin experiencia ni los requisitos legales dentro del INPE, como la falta de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), tras reuniones sostenidas con el propio Paredes en su despacho antes de sus designaciones.
El dominical Cuarto Poder detalló que al menos siete personas consiguieron contratos sin cumplir con los requisitos formales exigidos por la ley, lo que generó críticas sobre la forma en que se llevaron a cabo estas contrataciones.
Asimismo, reportes periodísticos también han difundido audios que vinculan al exjefe del INPE con un presunto intento de soborno, por el cual habría ofrecido gestionar la liberación de un expolicía condenado a 30 años de prisión a cambio de una suma de dinero, hecho que está siendo indagado por la Fiscalía.
Respuesta institucional
En su carta de renuncia, Paredes subrayó que actuó con responsabilidad institucional y respeto al marco legal, y afirmó su disposición a colaborar con la institución para una transición sin mayores efectos en la operatividad del organismo penitenciario.
Su salida se da en un contexto en el que el INPE enfrenta no solo críticas por presuntas irregularidades en contrataciones, sino también cuestionamientos sobre la gestión interna y la seguridad en los centros penitenciarios, con la presión pública centrada en la eficacia del sistema penitenciario y la integridad de sus autoridades.
