El Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo 1696, que modifica el Código Penal para fortalecer la autoridad del Estado y endurecer las sanciones por resistencia o desobediencia a funciones públicas, así como limitar la suspensión de penas.
El Poder Ejecutivo oficializó el Decreto Legislativo Nº 1696, que introduce reformas al Código Penal con el objetivo de fortalecer el principio de autoridad y reforzar la respuesta penal frente a conductas que atentan contra el ejercicio legítimo de funciones públicas y el orden estatal.
Una de las modificaciones principales recae en el artículo 368, que tipifica el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. Bajo la nueva norma, quien desobedezca o se resista a una orden legalmente impartida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones —excepto en casos de detención— podrá ser sancionado con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años.
Asimismo, el artículo 57 fue ajustado para hacer más estricta la suspensión de la ejecución de la pena. Aunque esta figura se mantiene en ciertos casos cuando la condena no supera los cinco años y el condenado reúne requisitos como no ser reincidente ni habitual, se exige una motivación más rigurosa del juez para su concesión.
También se agregó un supuesto excepcional para permitir la suspensión de penas de hasta ocho años únicamente si el autor del delito carece de antecedentes penales y es menor de 25 años al momento de cometer el hecho, siempre con motivación reforzada del juez. Sin embargo, la norma excluye de esta posibilidad a quienes han sido condenados por una serie de delitos graves, incluyendo corrupción, violencia familiar y agresiones, entre otros, lo que limita el acceso a beneficios penitenciarios para estos casos.
El decreto fue emitido en el marco de las facultades delegadas por la Ley Nº 32527 al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, con la finalidad de reforzar el principio de legalidad y la capacidad operativa del Estado.
Autoridades del Gobierno sostienen que estas reformas son parte de un esfuerzo más amplio para combatir la inseguridad y asegurar que las órdenes legítimas de la autoridad sean respetadas, reduciendo la impunidad en casos de desobediencia a funciones públicas.
