Especialistas señalan que el reciente Decreto Supremo para combatir la extorsión y el sicariato en el transporte público deja sin respuestas claras la modalidad de pagos pequeños y continuos que enfrentan muchos choferes y empresas, un vacío que podría limitar la efectividad de la norma.
El Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N.º 009-2026-PCM, que dicta disposiciones complementarias para aplicar la Ley N.º 32490, orientada a enfrentar la extorsión y el sicariato que afectan a las empresas de transporte público y de mercancías en el país.
La norma incluye medidas para reforzar la prevención financiera, incrementar la supervisión de flujos de dinero vinculados a pagos extorsivos, fortalecer la inteligencia policial y diseñar mapas delictivos georreferenciados, además de establecer mecanismos como botones de pánico y certificación de rutas seguras.
Sin embargo, expertos consultados por El Comercio advierten que uno de los puntos ciegos del decreto es la falta de respuestas directas a la modalidad de extorsiones en montos bajos y frecuentes, una forma frecuente de presión criminal contra choferes, cobradores y pequeñas empresas de transporte. Este tipo de práctica —aunque no involucra grandes sumas en una sola ocasión— puede tener un impacto acumulativo grave en la economía y la seguridad de los afectados, y no siempre encaja en los esquemas tradicionales de persecución del crimen organizado.
Transportistas y analistas señalan que esta forma de extorsión no queda claramente contemplada en las herramientas operativas y sancionadoras del decreto, lo que podría permitir que estos delitos sigan ocurriendo de manera persistente sin que se actúe con la contundencia necesaria.
Adicionalmente, algunos gremios han criticado la norma por la falta de presupuesto, tecnología y claridad en la ejecución, aspectos que podrían limitar seriamente la implementación de las medidas propuestas en la reglamentación.
Mientras tanto, las autoridades insisten en que el conjunto de medidas pondrá foco en la prevención, respuesta policial especializada y protección a las víctimas, en coordinación con múltiples instituciones públicas, aunque queda por verse cómo se aplicarán en la práctica frente a los distintos patrones delictivos que afectan al transporte.
