Un nombramiento simultáneo en dos entidades estratégicas del Estado destapa una controversia jurídica, expone lentitud institucional y reabre el debate sobre las incompatibilidades en la alta función pública.
Un nombramiento que encendió las alarmas internas
La designación de Alberto Arequipeño Tamara como director general de Políticas y Regulaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones generó cuestionamientos inmediatos al confirmarse que seguía integrando el Consejo Directivo de Osinergmin. El caso fue elevado internamente y terminó circulando entre el propio regulador, el MTC y la Presidencia del Consejo de Ministros, sin que hasta ahora exista una definición oficial clara.
La situación ha abierto una controversia que va más allá de un nombre propio y pone en discusión los mecanismos de control y reacción del Estado frente a posibles incompatibilidades legales.
Lo que establece la Ley Marco y la denuncia presentada
La Ley Marco de los Organismos Reguladores señala que un integrante del consejo directivo no puede ejercer simultáneamente otro alto cargo en el Estado ni asumirlo hasta un año después de haber dejado el puesto. Bajo este criterio, se presentó una denuncia interna en Osinergmin hace más de diez días.
Fuentes del sector indicaron que los artículos 8 y 6.6 de la norma contemplan la vacancia automática por impedimento legal sobreviniente y la obligación de dejar el cargo de forma inmediata si se acepta una nueva designación incompatible.
La defensa del funcionario y la interpretación en disputa
Arequipeño rechazó que exista una incompatibilidad legal. Argumentó que una modificación introducida en 2018 precisa que la prohibición no alcanza a directores generales de ministerios cuando estos provienen de subsectores sin relación directa con el organismo regulador.
Según su versión, su labor en el MTC se concentra en el ámbito de comunicaciones, mientras que Osinergmin regula energía y minería, sectores que, afirma, no guardan afinidad. Añadió que su ingreso al regulador se produjo mediante concurso público y que la finalidad de la norma es evitar injerencias políticas dentro de un mismo sector regulado.
Renuncia para cerrar la polémica, pero sin admitir falta
En medio del cuestionamiento, Arequipeño informó que presentó su renuncia a Osinergmin para evitar un mayor desgaste institucional. Sin embargo, sostuvo que no existió impedimento legal ni causal de vacancia y calificó la denuncia como una lectura restrictiva de la ley.
También descartó que la situación haya comprometido la validez de las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo, señalando que los actos administrativos se presumen válidos mientras no se declare su nulidad.
Críticas a la pasividad del aparato estatal
Más allá de la defensa individual, el caso ha generado críticas internas por la falta de una respuesta rápida y transparente de las entidades involucradas. Especialistas advierten que la indefinición podría sentar un precedente riesgoso para futuros nombramientos y abrir la puerta a cuestionamientos legales o nulidades administrativas.
El episodio vuelve a poner bajo la lupa la capacidad del Estado para hacer cumplir con rigor las normas sobre incompatibilidades, especialmente en organismos clave para la regulación y la estabilidad económica.
