La prohibición de que dos adultos circulen en una misma motocicleta encendió el conflicto entre el Ejecutivo y casi cuatro millones de usuarios que denuncian criminalización, falta de diálogo y un golpe directo a su trabajo.
El decreto que detonó el conflicto
La tensión entre el Gobierno y el sector transporte escaló tras el anuncio de un nuevo decreto supremo que, desde el martes 20 de enero, prohibirá la circulación de dos personas adultas en una misma motocicleta en todo el país. La comunidad motera considera que la medida vulnera derechos fundamentales y advierte que, de no alcanzarse un consenso, se convocará a un paro nacional de alcance inmediato.
La normativa se sustenta en la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra el crimen organizado. El presidente José Jerí defendió la decisión y afirmó que se trata de una acción necesaria para recuperar la tranquilidad y reducir los índices de inseguridad, aun cuando afecte temporalmente a determinados sectores.
La posición de la Policía y el argumento de seguridad
El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, exhortó a los motociclistas a cumplir la disposición, aunque reconoció que tendrá un impacto negativo. Desde la PNP sostienen que la motocicleta lineal facilita la comisión de delitos violentos debido a su capacidad de desplazamiento rápido y evasión de controles, especialmente en zonas urbanas congestionadas.
Motociclistas denuncian criminalización y “aplauso fácil”
Ricardo Millones, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, sostuvo que la norma los convierte en ciudadanos de segunda categoría y afecta directamente el derecho al trabajo y al libre tránsito. Señaló que el problema no es la moto, sino la falta de inteligencia y efectividad policial, y acusó al Ejecutivo de buscar respaldo mediático con una medida que perjudica a miles de familias.
En la misma línea, Dani Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú, advirtió que paralizar a millones de motociclistas tendría consecuencias millonarias para el Estado, afectando el delivery, el consumo de combustible y la economía de quienes usan este vehículo como herramienta principal de trabajo. Recordó además que en la reciente prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao no se mencionó ninguna prohibición similar, lo que, a su juicio, evidencia falta de coherencia y transparencia.
Las exigencias del sector motero
Los gremios de motociclistas plantean tres demandas centrales. Primero, el retiro inmediato del decreto supremo, al considerarlo inconstitucional y desconectado de la realidad laboral del país. Segundo, la aplicación de fiscalización focalizada en zonas con alta incidencia delictiva, reforzando inteligencia policial y patrullaje selectivo, en lugar de restringir el tránsito de toda la población motera. Tercero, mayor diálogo y participación en la elaboración de políticas públicas, rechazando la imposición de normas sin consulta previa ni estudios técnicos que demuestren su eficacia.
¿Cuándo se activaría el paro nacional?
La paralización está condicionada a la reunión programada para el martes a las 17:00 horas entre los representantes moteros y el Ejecutivo. Si el Gobierno no retrocede, los gremios advierten que el paro podría iniciarse de inmediato, afectando el comercio, los servicios y la logística en las principales ciudades del país.
La posibilidad de una paralización masiva genera preocupación en el sector público y privado, ya que comprometería la cadena de suministros, los servicios de reparto y el traslado diario de miles de trabajadores y estudiantes.
Multas severas y pérdida definitiva del brevete
Desde el martes 20 de enero, circular con dos personas adultas en una motocicleta será considerado una infracción muy grave. La primera intervención contempla una multa de hasta S/ 1.320 y la pérdida de 50 puntos en el récord del conductor. En caso de reincidencia, la sanción se duplica y se pierde definitivamente la licencia de conducir, sin posibilidad de descuentos ni beneficios administrativos.
Operativos preventivos y rechazo en las calles
Aunque la aplicación formal de sanciones comenzará el 21 de enero, la División de Tránsito de la Policía desplegó a 200 efectivos en Lima para operativos preventivos. Durante esta etapa informativa, numerosos motociclistas expresaron su rechazo a la norma, señalando que utilizan este medio para trasladar a familiares y cumplir con sus jornadas laborales.
