El órgano disciplinario del Colegio de Abogados de Lima (CAL) anunció que analizará las solicitudes presentadas para evaluar posibles sanciones profesionales —incluida la suspensión de sus licencias de abogado— contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí, en medio de las controversias, investigaciones y procesos vinculados al Ministerio Público y la lucha contra la corrupción.
El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) informó que analizará formalmente las solicitudes de suspensión de la licencia profesional presentadas en contra de dos figuras vinculadas al sistema de justicia peruano: Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, y Juan Fernández Jerí, quien fue jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. La evaluación tiene lugar en un contexto de investigaciones, denuncias y cuestionamientos sobre su actuación y presuntas faltas éticas en el ejercicio de sus funciones.
Las solicitudes para evaluar sanciones profesionales surgen en el marco de las múltiples controversias que rodean a Benavides, quien ha estado en el centro de investigaciones por presunta corrupción, interferencia en procesos internos del Ministerio Público y manejo de fiscalías, hechos que han sido ampliamente reportados en medios y en gestión institucional del Ministerio Público.
De manera similar, en el caso de Juan Fernández Jerí, su nombre ha sido mencionado en el contexto de críticas a la administración del Ministerio Público. En años recientes, ha habido disputas entre autoridades del sistema de justicia —incluyendo demandas judiciales y decisiones del Poder Judicial relacionadas con suspensiones y revisiones de sanciones disciplinarias contra distintos funcionarios— lo que ha generado reclamos de mayor escrutinio ético y profesional para quienes ocupan cargos de responsabilidad.
El Consejo de Ética del CAL es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de las normas éticas y deontológicas que rigen el ejercicio profesional de los abogados colegiados en Lima. Su función incluye evaluar si determinados actos o conductas pueden constituir faltas éticas que justifiquen medidas disciplinarias, como amonestaciones, suspensiones de licencia o incluso la cancelación de la colegiatura, dependiendo de la gravedad y la evidencia aportada.
La evaluación que iniciará este consejo no implica automáticamente una sanción, sino que es el primer paso de un procedimiento disciplinario en el que se revisarán los antecedentes, argumentos y pruebas presentadas por quienes solicitaron la medida. Tras ello, el Consejo de Ética decidirá si corresponde continuar con un proceso formal, aplicar una sanción o archivar el pedido conforme a lo que establecen los estatutos del Colegio de Abogados y las normas profesionales vigentes.
La decisión de evaluar estas solicitudes se da en medio de un debate más amplio sobre responsabilidad, transparencia y ética de altos funcionarios vinculados a la administración de justicia, que ha generado intenso interés público y político en las últimas semanas.
