Tras el archivamiento del caso Cócteles por parte del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el Ministerio Público anunció que presentará una apelación ante el Poder Judicial, sustentando que el fallo del Tribunal Constitucional fue mal interpretado por centrar la acusación en la receptación patrimonial en lugar de la conversión de dinero ilícito. Esto podría permitir que la investigación contra Keiko Fujimori y otros implicados continúe su curso.
La Fiscalía de la Nación decidió impulsar un giro estratégico en el denominado caso Cócteles, luego de que el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenara el archivo definitivo del proceso en el que se investigaba a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y a otros dirigentes por presunto lavado de activos y organización criminal vinculados a aportes de campaña política.
Fuentes judiciales confirmaron que el Ministerio Público presentará en los próximos días un recurso de apelación ante el Poder Judicial con el objetivo de revertir la decisión de archivo, argumentando que la interpretación del Tribunal Constitucional (TC) sobre la figura penal central del caso fue errónea.
En concreto, la Fiscalía sostiene que el proceso no se basó en la figura de receptación patrimonial, tal como lo entendió el tribunal constitucional, sino en la de conversión de dinero de origen ilícito en aportes de campaña, una modalidad que sí estaba vigente al momento de los hechos investigados. Esta diferencia, según la tesis fiscal, es clave para que el caso no quede definitivamente cerrado y pueda continuar en el sistema penal.
La resolución de archivo se produjo luego de que el juez Wilson Verástegui, a cargo del caso, aplicara directamente la sentencia del TC, que consideró que imputar el delito de lavado de activos utilizando la figura de receptación patrimonial para hechos anteriores a su incorporación en el Código Penal implicaba una aplicación retroactiva de la ley penal, contraria al principio de legalidad.
Además del archivo de las investigaciones por lavado de activos y organización criminal, el Poder Judicial mantuvo imputaciones residuales por falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo contra algunos de los implicados, aunque la principal acusación quedó suspendida por esta controversia jurídica.
De prosperar la apelación fiscal, el caso podría reabrirse bajo una nueva tesis penal, permitiendo que la investigación y eventual acusación continúen su trámite en la justicia ordinaria. En caso contrario, el archivo definitivo consolidará el cierre del proceso principal, aunque no implica una absolución material de los hechos investigados, sino una cuestión de naturaleza jurídica sobre la forma de imputación.
Este episodio ha generado un intenso debate jurídico y político, dado que el caso Cócteles fue uno de los procesos más sensibles y emblemáticos en la lucha contra el lavado de activos en el país, vinculado directamente a campañas electorales de gran relevancia nacional.
