A pocos días de jubilarse, el juez supremo César San Martín fue ponente de una decisión que rechazó un recurso del Ministerio Público contra el partido Perú Libre, generando debates sobre un criterio interpretativo que podría beneficiar casos de Fuerza Popular en situaciones similares.
El magistrado César San Martín Castro, quien cesó recientemente como juez supremo al cumplir 70 años de edad conforme al límite legal, fue ponente de una resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la cual se declaró infundado un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra el partido político Perú Libre, en un proceso relacionado con presuntos aportes de campaña.
La resolución, firmada con fecha del 17 de diciembre de 2025 —antes de que San Martín dejara el cargo por el límite de edad—, concluyó que la casación debía ser rechazada por vulneración de la garantía de motivación, desestimando así la pretensión fiscal de revertir decisiones previas sobre la naturaleza penal atribuible a los partidos políticos.
La decisión se enmarca en la Ley 32054, que modificó el artículo 105 del Código Penal, estableciendo que solo el régimen sancionador de la Ley de Organizaciones Políticas es aplicable a los partidos, cuestión central en el debate jurídico.
Este criterio ha sido interpretado por analistas y actores políticos como uno que, si se aplica en otros casos, podría beneficiar indirectamente a agrupaciones como Fuerza Popular, que enfrentan investigaciones con posibles implicancias penales por presunto lavado de activos en diferentes procesos relacionados con aportes políticos.
La decisión contó con el respaldo de otros jueces supremos miembros de la Sala Permanente, entre ellos Manuel Luján, Edhin Campos, Saúl Peña Farfán y Pilar Maita, y marca un precedente en la interpretación sobre la responsabilidad penal de las organizaciones políticas frente al sistema de justicia peruano.
La salida de San Martín del Poder Judicial —tras casi cuatro décadas de carrera judicial, incluida la recordada presidencia de la Sala Penal Especial que sentenció casos emblemáticos— intensifica el debate sobre el impacto de sus últimos fallos en el escenario jurídico y político nacional.
Analistas estiman que su criterio no solo influirá en litigios sobre partidos políticos, sino que también reaviva discusiones sobre independencia judicial, separación de poderes y cómo se interpretan las normas en procesos de alto impacto político en un año marcado por elecciones y tensiones institucionales.
