El Poder Judicial archivó el emblemático caso “Cócteles” contra Keiko Fujimori y otros implicados, mientras que la Autoridad Nacional de Control suspendió por seis meses al fiscal José Domingo Pérez, en un momento de alta tensión política y judicial.
En una decisión que marca un antes y un después en uno de los procesos más visibles de la Fiscalía peruana, el juez nacional de investigación preparatoria Wilson Verástegui declaró archivado el caso “Cócteles”, que investigaba presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal vinculados a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros dirigentes de esa agrupación política. La decisión se fundamenta en la resolución del Tribunal Constitucional que estableció que parte de los hechos imputados no se podían procesar bajo la legislación vigente al momento de los presuntos aportes investigados.
Horas después, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público dispuso la suspensión por seis meses del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, figura clave del Equipo Especial Lava Jato y conductor de la investigación, por presuntas faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones al formular acusaciones cuestionadas y devueltas reiteradamente por el Poder Judicial. Esta medida busca garantizar la regularidad del proceso mientras se evalúan las observaciones al desempeño del fiscal.
La resolución judicial sobre el caso “Cócteles” y la sanción interna a Pérez ocurren en un contexto de creciente escrutinio público sobre la actuación de fiscales y jueces en procesos de alto impacto político. El archivo del caso significa que la acusación fiscal principal queda sin efecto tras años de investigación, aunque algunas imputaciones menores por otros delitos podrían continuar en un subsistema distinto.
Por su parte, la ANC argumentó que la actuación de Pérez en el proceso de acusación presentó deficiencias formales y materiales, motivo por el cual la medida cautelar fue adoptada inmediatamente tras la notificación. Durante la suspensión, el fiscal percibirá el 80 % de su remuneración mensual, según la normativa vigente.
La decisión de archivar el caso y la sanción a Pérez han generado amplio debate en la sociedad, tanto en sectores que ven una afrenta a la lucha contra la corrupción como en quienes sostienen que se ha restituido el respeto al debido proceso. Analistas coinciden en que ambos hechos inciden directamente en la percepción de independencia de poderes justo en un año electoral clave para el país.
