El candidato presidencial del partido País para Todos, Carlos Álvarez, está en el centro de un debate político y jurídico tras omitir una condena judicial en su Declaración Jurada de Hoja de Vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta omisión ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de su postulación a las elecciones generales de 2026 y abre la posibilidad de un proceso de exclusión si las autoridades electorales así lo determinan.
El aspirante presidencial Carlos Gonzalo Álvarez Loayza, representante de la agrupación País para Todos en las elecciones de abril de 2026, está bajo observación pública y electoral tras conocerse que no consignó una condena por peculado en su Declaración Jurada de Hoja de Vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
De acuerdo con un reportaje periodístico, Álvarez omitió marcar el apartado correspondiente a la “Relación de sentencias” en su hoja de vida, pese a que tuvo una condena en 2002 por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, vinculada a su labor durante el régimen de Alberto Fujimori y el exasesor Vladimiro Montesinos.
La sentencia original emitida por la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima impuso cuatro años de pena privativa de libertad, posteriormente reducida a tres años de prisión suspendida. Esta condena se relaciona con pagos que habría recibido por su participación en actividades vinculadas con el gobierno de entonces.
La normativa electoral peruana exige a los candidatos declarar todas las sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos, con el fin de garantizar transparencia y la confianza de los electores en los procesos democráticos. La omisión de esta información puede considerarse una falta grave y es causal para un procedimiento de exclusión de la candidatura, siempre que sea detectada y calificada por el JNE antes de los plazos legales establecidos.
Fuentes del sistema electoral señalan que si la fiscalización cruza la información de antecedentes penales con bases de datos oficiales —como las del Poder Judicial— y confirma la omisión de una sentencia no declarada, el Jurado Electoral Especial (JEE) puede iniciar un proceso de exclusión. Este proceso incluye la apertura de descargos por parte del candidato y una eventual resolución que podría retirar a Álvarez de la competencia electoral.
El candidato ha evitado dar explicaciones detalladas sobre el caso, limitándose a afirmar que responderá a la prensa en otro momento. En paralelo, también se ha observado otra omisión en su declaración vinculada a un vehículo de alto valor, lo que ha sumado más cuestionamientos sobre la completitud de su información patrimonial y personal ante las autoridades electorales.
La decisión final sobre su continuidad en la contienda presidencial ahora queda en manos del sistema electoral peruano, que evaluará tanto la gravedad de la omisión como los fundamentos legales para aceptar o rechazar la candidatura de Álvarez antes de los comicios de abril próximo.
