Trabajadores de la petrolera estatal rechazan la narrativa que responsabiliza a los derechos laborales por la crisis de Petroperú, y advierten que la verdadera causa del desastre financiero radica en la mala gestión directiva y la inestabilidad institucional.
Trabajadores de Petroperú denunciaron que el costo laboral de la empresa representa menos del 3,8 % del presupuesto anual, y afirmaron que esto no explica el desastre financiero que atraviesa la petrolera estatal, en medio de un clima de tensión por posibles recortes de derechos y reorganizaciones impulsadas desde el poder político.
En una carta pública difundida en enero de 2026, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP) rechazó lo que considera una campaña mediática y política para presentar los derechos laborales como privilegios con el objetivo de justificar recortes, mientras que, según el sindicato, la mala gestión y la falta de responsabilidad de sucesivos directorios son los factores reales detrás de la crisis de la estatal.
El documento sindical pone énfasis en la inestabilidad directiva que ha caracterizado a Petroperú en los últimos meses, con 13 presidentes del directorio desde 2025, incluidos varios cambios en solo tres meses, lo que, a juicio de los trabajadores, ha paralizado la gestión y profundizado los problemas financieros.
Los trabajadores subrayan que, si bien se cuestiona la planilla y se propone su reducción por parte de sectores del Ejecutivo, la realidad es que los salarios y beneficios representan una porción mínima del gasto total de la empresa, y responsabilizar a la planilla por la crisis oculta los verdaderos problemas estructurales: designaciones políticas, falta de control y ausencia de una estrategia sostenible.
El STAPP también alertó que cualquier intento de recortes sin respaldo técnico —por ejemplo de SUNAFIL o evaluaciones laborales formales— podría exponer al Estado a litigios judiciales por vulneración de derechos adquiridos.
Además, los sindicalistas defendieron que la operatividad de la petrolera no se sostiene por el costo laboral, y enfatizaron que los argumentos para recortar derechos han sido promovidos sin informes técnicos sólidos, desviando la atención de la gestión directiva y la deuda acumulada que enfrenta la empresa.
