El Gobierno, a través del presidente del Consejo de Ministros, José Jerí, se deslindó de la responsabilidad directa en el control de la minería ilegal, al señalar que esta no constituye una obligación del Estado central, sino que recae en los gobiernos regionales, a quienes acusó de no ser eficientes en el uso de las facultades y el presupuesto asignado.
Durante sus declaraciones, el titular de la PCM sostuvo que las regiones cuentan con competencias específicas para fiscalizar esta actividad, pero que los resultados no han sido los esperados, lo que ha permitido la expansión de la minería ilegal en diversas zonas del país.
Las afirmaciones generaron una inmediata reacción por parte de las autoridades regionales. Koki Noriega, presidenta de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), lamentó las declaraciones del jefe del Gabinete y cuestionó que el Ejecutivo pretenda deslindar su responsabilidad frente a un problema que tiene impactos en la seguridad, el medio ambiente y el desarrollo económico.
Noriega enfatizó que el control de la minería ilegal requiere una presencia efectiva del Estado y control territorial, especialmente en zonas críticas como Pataz, donde la actividad ilegal ha derivado en violencia, criminalidad y conflictos sociales.
Asimismo, señaló que los gobiernos regionales no cuentan con los recursos ni el respaldo operativo suficiente para enfrentar organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, por lo que exhortó al Ejecutivo a asumir un rol más activo y articulado junto a las fuerzas del orden.
El debate vuelve a poner en evidencia las tensiones entre el Gobierno central y las regiones, así como la necesidad de una estrategia integral y coordinada para enfrentar la minería ilegal, considerada una de las principales economías ilícitas del país.
