La sorpresiva decisión vuelve a encender sospechas de interferencia en un caso que compromete a las más altas esferas de la justicia peruana.
Un movimiento que sacude al Ministerio Público
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ejecutó un cambio que ya genera indignación y cuestionamientos. Mediante la resolución 3683 2025 MP FN, dispuso la salida del fiscal Juan Paúl Ramos Navarro, quien tenía a su cargo una investigación directa contra el propio Gálvez en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, red criminal que habría infiltrado los niveles más altos del sistema judicial peruano.
El retiro del fiscal que lo investigaba reaviva las sospechas
Ramos Navarro fue removido de su puesto como fiscal adjunto supremo provincial de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El documento oficial sostiene que su designación era una retención de su cargo de carrera y que por ese motivo debía ser reasignado a su plaza original. En su reemplazo fue nombrada la abogada Rudy Angélica Córdova Rosales, quien ejercía como fiscal adjunta superior provisional en el Distrito Fiscal de Sullana. Más allá de la explicación administrativa, la medida ha sido interpretada como una maniobra directa para apartar a un fiscal que lideraba la carpeta 17 2022, donde se investiga la presunta interferencia de Gálvez en su propio nombramiento como fiscal supremo.
Un caso cargado de nombres y conexiones peligrosas
El expediente incluye a otros personajes investigados como el exjuez supremo César Hinostroza, el exmagistrado Ángel Romero, el empresario Américo Mendoza y el exalcalde de Olmos, Willy Serrato. Ramos tenía a su cargo la elaboración del informe destinado a solicitar autorización para iniciar acción penal contra todos los implicados. Su salida, justo cuando debía entregar ese documento, vuelve a encender alarmas sobre un posible intento de blindaje dentro del Ministerio Público.
La sombra de Cuellos Blancos vuelve a caer sobre la institución
Gálvez, señalado desde hace años por presuntos vínculos con la organización criminal, afronta nuevamente la crítica pública por una decisión que afecta directamente a la investigación que lo involucra. El movimiento no solo reaviva el debate sobre la independencia fiscal, sino que expone la fragilidad institucional en uno de los casos más graves de corrupción que ha enfrentado el país.
