En una nueva maniobra institucional, Tomás Gálvez destituyó al fiscal encargado de la carpeta fiscal que lo involucra en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, generando críticas por posible conflicto de intereses y temor de una impunidad revisada.
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, volvió a mover las piezas en la estructura del Ministerio Público. A través de la resolución 3683-2025-MP-FN, puso fin al nombramiento de Juan Paúl Ramos Navarro, quien era fiscal adjunto supremo provisional a cargo de la carpeta fiscal 17-2022 —el expediente que investiga el nombramiento de Gálvez como fiscal supremo y su presunta vinculación con la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Ramos Navarro tenía la responsabilidad de preparar el informe que podría derivar en una acción penal formal contra Gálvez. Pero con su salida, se aplaza cualquier decisión, pues —como advierten expertos— en casos contra operadores de justicia, la autorización de formalización depende de niveles superiores de la Fiscalía.
Este no es el primer cambio polémico: hace poco más de un mes, Gálvez también removió a la fiscal suprema provisional que lideraba la investigación del caso Cuellos Blancos, así como a otra fiscal adjunta suprema que tenía a su cargo un proceso relevante.
Para muchos analistas y exfiscales, estas decisiones ponen en jaque la credibilidad de las investigaciones. Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, denunció públicamente el posible conflicto de interés: “uno no puede intervenir para tomar decisiones respecto de casos en los que tiene interés directo”.
El relevo de fiscales en medio de causas de alto perfil ha generado preocupación entre sectores de la justicia, que advierten riesgos para la independencia institucional y para la transparencia de procesos que implican a miembros del sistema judicial.
