La exfiscal de la Nación rechazó la sanción de 10 años impuesta por el Parlamento y afirmó que se vulneraron sus derechos. Adelantó que acudirá al Poder Judicial para revertir la medida.
Tras ser inhabilitada por el Congreso por un período de diez años, la exfiscal de la Nación Delia Espinoza rompió su silencio y anunció que interpondrá una acción de amparo para dejar sin efecto la decisión parlamentaria, a la que calificó como “arbitraria” y “viciada”.
Espinoza señaló que durante el proceso se cometieron “graves vulneraciones al debido proceso”, entre ellas la falta de motivación jurídica, la exclusión de pruebas que la favorecían y la aprobación apresurada de la sanción. Según afirmó, la decisión del Legislativo constituye un “precedente peligroso” para la autonomía del Ministerio Público.
La exfiscal insistió en que la sanción tiene “un claro trasfondo político” y aseguró que su defensa ya está preparando la demanda constitucional. Asimismo, adelantó que presentará denuncias adicionales por presuntas infracciones a la Constitución cometidas durante el trámite del caso.
La decisión del Parlamento ha generado reacción en diversos sectores, mientras que el recurso de amparo podría abrir un proceso judicial que determine si la sanción fue válida o debe ser anulada.
