El expresidente cuestiona la sentencia de la Corte Suprema del Perú y denuncia que el fallo carece de respaldo suficiente, al considerar que no se probó ni rebelión ni abuso de autoridad, sino sólo una acusación menor. Advierte que el veredicto vulnera el debido proceso.
Durante la lectura de sentencia que lo condena a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por conspiración para la rebelión, Pedro Castillo rechazó los cargos y sostuvo que los delitos más graves —rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público— “no se han podido confirmar”.
En su declaración, afirmó que la sentencia representa una “barbaridad jurídica” e insistió en que las imputaciones iniciales resultaron cambiadas a partir de la evaluación del tribunal. Según Castillo, la condena obedece más a una decisión política que a un rigor judicial.
El fallo de la Corte Suprema —emitido por la Sala Penal Especial— excluyó los cargos de rebelión y abuso de autoridad, y dejó firme únicamente la acusación de conspiración para la rebelión. Además de la pena de cárcel, se le impuso dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Castillo anunció que apelará la decisión y dejó abierta la posibilidad de recurrir a instancias internacionales, denunciando —junto con su defensa— una supuesta vulneración de garantías procesales fundamentales.
Para él y sus allegados, esta sentencia no solo marca un hito en su situación personal, sino que también revela —aseguran— una crisis de credibilidad del sistema judicial peruano, al que acusan de instrumentalizar sanciones en contextos políticos.
