La Sala Penal Especial determinó que el anuncio de cierre del Congreso en diciembre de 2022 no constituye un golpe de Estado. Por ello, confirma condena de más de 11 años de prisión a Pedro Castillo únicamente por conspiración para rebelión.
El 4 de diciembre de 2025, el Poder Judicial dio lectura a la sentencia contra el expresidente Pedro Castillo, donde resolvió que los hechos de diciembre de 2022 —cuando anunció disolver el Congreso— no configuran un golpe de Estado.
La Sala Penal Especial optó por cambiar la figura jurídica: en lugar de una acusación por rebelión o golpe de Estado, condenó a Castillo por el delito de conspiración para la rebelión.
Como resultado, el exmandatario fue sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Asimismo, fueron condenados otros exfuncionarios vinculados con su gobierno que participaron en el proceso.
El fallo elimina las acusaciones más graves (rebelión, golpe de Estado, abuso de autoridad) que inicialmente pesaban sobre Castillo y sus excolaboradores, lo que genera —según expertos y juristas— un debate sobre los límites de la justicia penal en casos de alteración del orden constitucional
