Un proyecto de ley intenta cortar el uso de dispositivos y apps en ventanillas bancarias para frenar el “dateo” criminal. La polémica ya estalló.
La propuesta que enciende el debate
En el Congreso apareció una iniciativa que vuelve a colocar la desconfianza y la inseguridad en el centro del debate nacional. La legisladora Katy Ugarte, quien preside la Comisión de Defensa del Consumidor, presentó un proyecto que prohíbe a los trabajadores de atención directa en los bancos usar celulares y redes sociales durante el horario de trabajo. La medida apunta a frenar el presunto “dateo” interno, un problema que muchos usuarios denuncian desde hace años.
Lo que pretende imponer la ley
El proyecto plantea que todo trabajador que atiende al público en una entidad financiera regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP debe operar sin ningún acceso a internet externo. Los equipos de trabajo tendrían bloqueo total a cualquier plataforma que no esté vinculada con las funciones bancarias. La norma obligaría a instalar software de control, capacitar al personal y sancionar cualquier incumplimiento.
La SBS será la que vigile el cumplimiento
Según la propuesta, la SBS tendría la responsabilidad de supervisar la ejecución de la norma, imponer sanciones y coordinar con el Ejecutivo los cambios reglamentarios necesarios para implementarla en los bancos de todo el país.
Una ciudadanía dividida por la medida
La reacción en las calles retrata un país fracturado frente a la inseguridad. Algunos usuarios señalaron que la prohibición debería ser incluso más estricta, con decomisos de celulares para evitar filtración de información. Otros calificaron la propuesta como inviable y alertaron que la solución real pasa por fortalecer la protección de datos, no por restringir herramientas a los trabajadores.
El conflicto que se aproxima
El proyecto abre un nuevo frente entre el Congreso, el sistema financiero y la ciudadanía. Plantea una respuesta extrema ante un problema real, aunque la gran pregunta sigue abierta, qué tanto cambiará la seguridad si no se atacan los vacíos de fondo que permiten el crimen organizado.