El Congreso no logró los votos para sacarla de la función pública, pero sí avanzó hacia un juicio penal que la deja expuesta y sin fuero.
El Congreso no consiguió los 68 votos necesarios para inhabilitar por diez años a la suspendida fiscal Delia Espinoza. La votación se quedó en 61, un revés para los sectores que buscaban expulsarla del servicio público. Pero el golpe no quedó allí, porque el pleno sí aprobó abrir causa penal en su contra por abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato, decisión que automáticamente levanta su fuero y permitirá que la Fiscalía de la Nación asuma el caso.
Con el expediente ya encaminado hacia el Ministerio Público, Espinoza queda frente a un escenario judicial que podría definir el futuro de uno de los nombres más tensos en la relación entre el Congreso y el sistema de justicia.
