El órgano de control concluyó que la superintendencia omitió reconocer la designación legal de Arturo Talledo Coronado como rector interino de la UNI, pese a la modificación estatutaria correspondiente, lo que impide a más de mil egresados tramitar sus grados y títulos.
Una reciente investigación de la Contraloría puso en evidencia que SUNEDU incurrió en irregularidades al no reconocer la autoridad legítima del rector interino de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), lo que ha provocado un serio problema administrativo y académico para cientos de estudiantes.
Según el informe de oficio n° 17702-2025-CG/EDUC-AOP, la unidad encargada del registro de grados y títulos de SUNEDU omitió tener en cuenta la modificación del artículo 55 del estatuto de la UNI, que establecía el procedimiento para designar a un nuevo rector en caso de vacancia.
Pese a ello, en abril pasado —tras la renuncia del rector anterior— la Asamblea Universitaria nombró a Arturo Talledo Coronado como rector interino para culminar la gestión hasta noviembre de 2026.
En lugar de reconocerlo, la SUNEDU declaró improcedente su firma e inscribió como rectora interina a la exvicerrectora académica, Shirley Chilet Cama, aduciendo que debía aplicarse el artículo 57 del estatuto.
Esta diferencia de criterios, según la Contraloría, representa una “aplicación normativa diferenciada” y evidencia inconsistencias en los procedimientos de la superintendencia.
Como consecuencia, más de 1.200 egresados de la UNI no pueden tramitar sus grados y títulos —requisito clave para empleos, posgrados o trámites profesionales— porque la firma del supuesto rector figura como no reconocida.
Además, se detectaron irregularidades similares en la inscripción de otras autoridades universitarias: por ejemplo, la SUNEDU registró a personas cuya designación no contaba con cumplimiento de requisitos formales, lo que vulnera las normas del registro público de autoridades.
Ante estos hechos, la Contraloría ha recomendado al jefe de SUNEDU adoptar las “acciones correspondientes” para corregir las deficiencias, así como investigar posibles responsabilidades administrativas.
La comunidad universitaria de la UNI —estudiantes, decanos y autoridades legítimas— ha manifestado su rechazo a la decisión, alertando que esta situación configura una violación a la autonomía universitaria y un perjuicio grave contra los estudiantes.
