Una nueva iniciativa legislativa permitiría que los afiliados se retiren completamente los aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), en un momento en que economistas y entidades advierten que la medida podría ser insostenible para el sistema previsional.
El Congreso de la República presentó un nuevo proyecto de ley que permitiría a los afiliados a la ONP disponer de todos sus fondos depositados, convirtiéndose en la sexta propuesta similar tras múltiples intentos anteriores. La medida ha reavivado el debate sobre la viabilidad financiera del sistema previsional estatal.
A pesar de los numerosos informes técnicos y advertencias de entidades económicas, los promotores del proyecto argumentan que la iniciativa entregaría flexibilidad financiera a los aportantes, especialmente en un contexto de inflación y aumento del costo de vida. Según los proponentes, muchos afiliados no han podido recuperar sus aportes pese a necesidad económica en la actualidad.
Por su parte, economistas y analistas han manifestado su preocupación, señalando que un retiro generalizado comprometería la sostenibilidad del fondo ONP, que ya enfrenta retos presupuestarios y demográficos. El sistema, según estos expertos, no resistiría un desembolso masivo sin poner en riesgo su funcionamiento a largo plazo.
Además, la ejecución de la iniciativa podría generar un impacto macroeconómico, con posibles efectos en la liquidez estatal y una presión adicional sobre las finanzas públicas. Las críticas también apuntan a que la propuesta carece de mecanismos claros para garantizar que los retiros no afecten a los futuros jubilados y que no se convierta en un “paquete de ayuda temporal” mal diseñado.
El Congreso ha defendido la medida en nombre de la justicia social y la necesidad de permitir que los aportantes accedan a sus fondos, especialmente quienes han aportado por años y no han recibido beneficios inmediatos. Los legisladores llaman a un debate profundo y transparente para discutir cómo implementar la propuesta sin poner en riesgo a los actuales y futuros pensionistas.
El proyecto de ley deberá pasar por comisiones especializadas y será sometido a debate en el pleno. En ese proceso, se espera que tanto los economistas como las organizaciones de trabajadores y pensionistas presenten sus argumentos y alternativas a fin de alcanzar una solución equilibrada.
