La investigación periodística revela que Óscar Acuña, hermano del líder político, estaría implicado en la deuda con la Dircocor, pero las autoridades no han podido localizarlo, en un patrón que recuerda a la desaparición mediática de Vladimir Cerrón.
Una reciente investigación periodística destapó que la Dircocor (División Contra la Corrupción de la PNP) ha perdido el rastro de Óscar Acuña, hermano del líder de Alianza para el Progreso, en medio de una deuda importante que podría vincularlo con redes de corrupción. La falta de avances en la búsqueda ha generado críticas y sospechas sobre la capacidad de las instituciones para cerrar estos casos.
Según fuentes cercanas a la investigación, la Dircocor ha enfrentado dificultades para obtener información veraz y actualizada sobre el paradero de Óscar Acuña, lo que limita el desarrollo de las diligencias y el posible cobro de la deuda. Los investigadores afirman que su ausencia prolongada obstaculiza el proceso judicial y pone en riesgo la recuperación de los fondos adeudados.
Este vacío ha sido comparado por analistas con el caso de Vladimir Cerrón, otro ex dirigente político peruano con deudas similares y que supuestamente evadió parte del reclamo al desaparecer de la escena pública. La comparación sugiere un patrón preocupante: figuras políticas evitan rendir cuentas cuando se trata de obligaciones financieras y responsabilidades legales.
El caso llega en un momento delicado para la imagen de César Acuña, ya que su familia y entorno político han sido señalados en otras investigaciones. De hecho, colaboradores eficaces han denunciado que su hermano habría recibido pagos irregulares para facilitar operaciones empresariales, lo que profundiza la sospecha de una red de influencias y corrupción.
Organismos civiles y medios independientes han exigido a la PNP, a través de la Dircocor, acelerar las acciones para ubicar a Óscar Acuña y levantar las medidas necesarias para recuperar la deuda. Reclaman transparencia, colaboración interinstitucional y acciones contundentes para que no se repita un escenario donde los deudores políticos se escuden en su estatus o en su silencio.
Por ahora, la deuda sigue abierta, la investigación avanzando con dificultad y la presión pública creciendo. El desenlace podría definir no solo el futuro de la investigación, sino también el grado de compromiso del Estado peruano con la rendición de cuentas y la lucha contra el poder político invisible.
