La Contraloría advierte que la aeronave Antonov AN 74 no cumple las especificaciones técnicas y que fue elegida pese a las alertas internas de Aviación Policial.
Un avión observado desde el inicio
La Contraloría confirmó que la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior compró un Antonov AN 74 para la Policía Nacional, pese a que la propia Dirección de Aviación Policial había advertido que se trataba de una aeronave de segundo uso que no cumplía los requisitos técnicos exigidos. Aun así, la OGAF dejó de lado propuestas de fabricantes como Leonardo y Embraer y optó por Aero Express FZE, empresa de Emiratos Árabes que no fabrica este modelo de origen ucraniano.
Adjudicación en pleno estado de emergencia
La compra se realizó el 31 de octubre, durante la gestión del ministro Vicente Tiburcio. La empresa pidió 63.9 millones de dólares por la aeronave, cuya procedencia sigue sin aclararse. Un ingeniero aeronáutico contratado por la Contraloría evaluó las propuestas y confirmó que el Antonov AN 74 no se ajustaba a las definiciones técnicas del proceso. La DIRAVPOL ya había advertido que el modelo era antiguo y no reunía las condiciones solicitadas.
Un procedimiento bajo riesgo de falta de transparencia
El informe del órgano de control señala que adjudicar la compra a un postor que no cumple con las bases genera un riesgo grave de adquirir un avión que no servirá para los fines operativos de la PNP. También advierte que la imparcialidad del proceso pudo verse afectada. El jefe de la OGAF, Ronnie Matienzo, quien llevó adelante la adjudicación, renunció tras la publicación del caso. Había sido designado apenas el 25 de octubre, luego de la salida de Ricardo Kanashiro.
Un historial de compras cuestionadas
No es la primera vez que la Contraloría observa irregularidades en adquisiciones del sector Interior. Informes anteriores detectaron ajustes en bases que favorecieron a postores específicos en compras como chalecos antibalas y más de treinta mil pistolas. La nueva gestión enfrenta además una crisis de seguridad que motivó el estado de emergencia en Lima y Callao.
El Ministerio en medio de la crisis
Tiburcio asumió el cargo en un contexto de aumento de delitos violentos. Entre sus medidas, anunció que se acelerarán los procesos disciplinarios contra policías que incurran en faltas y que las sanciones serán inmediatas cuando haya delito flagrante. La polémica por la compra del Antonov se suma ahora a una agenda cargada de cuestionamientos y exigencias de transparencia.
