La Junta Nacional de Justicia presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para impedir la reposición de Delia Espinoza, argumentando que el Poder Judicial invadió sus funciones disciplinarias y puso en riesgo su autonomía institucional.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha dado un giro institucional al presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para no reintegrar a Delia Espinoza en su cargo como fiscal, a pesar de una orden judicial que la obliga a ser repuesta.
El presidente de la JNJ, Gino Ríos, argumenta que la decisión del Poder Judicial vulnera la autonomía de la entidad encargada de evaluar la conducta de jueces y fiscales, ya que, según su interpretación, la medida excede el ámbito competencial de la JNJ. Por ello, solicita al TC una definición clara sobre la distribución de poderes entre la institución disciplinaria y el sistema judicial.
Esta controversia se origina tras una resolución cautelar del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que determinó que la JNJ debe reincorporar a Espinoza. La JNJ ha sido acusada de desobediencia institucional por no acatar dicha orden, lo que ha provocado críticas públicas y amenazas de sanciones legales.
Ríos defendió que su demanda no es una medida dilatoria, sino una acción necesaria para preservar el equilibrio constitucional: “No podemos renunciar a nuestra facultad disciplinaria frente a una resolución que desconocería nuestro mandato institucional”, sostuvo.
El caso de Espinoza ha polarizado el sistema judicial y político en el país. Para el Ejecutivo y algunos sectores académicos, la JNJ estaría intentando eludir la fiscalización judicial; para otros, la acción judicial del Poder Judicial representa una intromisión inaceptable en el control disciplinario.
La presentación ante el Tribunal Constitucional abre una nueva etapa en el conflicto entre instituciones, y marca un precedente sobre cómo se resuelven las disputas de poder respecto a la autoridad moral y disciplinaria en el sistema de justicia peruano.
