La congresista enfrenta una denuncia formal por presunto tráfico de influencias y uso indebido de personal, luego de que la Comisión de Ética aprobara la investigación y expertos alerten que podría ser suspendida hasta por 120 días.
La congresista Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial / Juntos por el Perú) podría enfrentar una grave sanción institucional: además de una investigación por parte de la Comisión de Ética del Congreso, se ha presentado una denuncia constitucional en su contra por presuntas irregularidades que podrían derivar en su inhabilitación.
El escándalo comenzó tras la difusión de imágenes en las que un asesor de su despacho le realiza una pedicura y otro empleado le prepara el desayuno durante horas laborales, lo cual ha sido calificado como un uso inadecuado de recursos y personal del Estado.
Ante estos hechos, la Comisión de Ética decidió abrir un procedimiento formal de oficio.
Además, ya existe una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación, que acusa a Vásquez de tráfico de influencias agravado, especialmente en relación con un concurso magisterial llevado a cabo en 2021.
Según el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, la sanción podría llegar a una suspensión de hasta 120 días e incluso una inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Dada la gravedad de los cargos y el escándalo público generado, se espera que tanto la Comisión de Ética como los órganos constitucionales avancen con celeridad en el proceso. Las posibles consecuencias para Vásquez son severas y podrían marcar un precedente importante sobre la responsabilidad ética y constitucional de los congresistas
