El Tribunal Constitucional declaró nulas las resoluciones del Poder Judicial que permitían a jueces y funcionarios recibir pagos retroactivos desde la década de 1990. La decisión busca frenar el uso indebido de sentencias para otorgarse beneficios económicos no autorizados por ley.
El Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo contundente que pone fin a un polémico intento de autobeneficio económico dentro del Poder Judicial (PJ). Según la resolución, un grupo de magistrados había reinterpretado una sentencia del año 2011 para ordenar el pago de bonos y retroactivos a su propio favor, generando un perjuicio potencial de millones de soles al Estado.
La medida del TC anula todas las resoluciones judiciales que ampliaban los alcances de la sentencia original y ordena al Poder Judicial y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abstenerse de ejecutar cualquier desembolso relacionado con esos pagos.
“El Tribunal reafirma que ningún juez puede modificar o extender los efectos de una sentencia firme en beneficio propio”, precisó el fallo emitido por unanimidad.
De acuerdo con la investigación, algunos jueces emitieron resoluciones para incluirse como beneficiarios de una antigua demanda laboral, alegando supuestas diferencias remunerativas no reconocidas. Con ello, pretendían obtener bonificaciones y retroactivos desde la década de 1990, lo que habría significado un impacto fiscal considerable para el erario nacional.
El MEF había advertido previamente sobre el riesgo que representaba esta práctica, alertando que podría abrir la puerta a reclamaciones masivas dentro del sistema judicial y vulnerar el principio de equilibrio presupuestal.
El TC subrayó que los funcionarios públicos no pueden aprovechar su cargo para crear o reinterpretar derechos económicos inexistentes. Asimismo, dispuso que se investigue la conducta administrativa y judicial de quienes emitieron o promovieron estas resoluciones.
Este fallo representa un precedente histórico en la lucha contra los privilegios internos del sistema judicial y busca garantizar el respeto al principio de legalidad, la transparencia en el uso de fondos públicos y la independencia institucional.
