La propuesta legislativa busca reforzar la seguridad de jueces y fiscales que enfrentan el crimen organizado, permitiendo mantener en reserva su identidad y trasladar procesos a otras jurisdicciones en situaciones de riesgo.
Un nuevo proyecto de ley será presentado en el Congreso con el objetivo de resguardar la identidad de jueces y fiscales que intervengan en procesos vinculados a extorsión, sicariato y crimen organizado, en respuesta al incremento de amenazas contra operadores de justicia en distintas regiones del país.
La propuesta busca que, en casos de alto riesgo, se mantenga en reserva la identidad y ubicación de los magistrados y fiscales, tanto en los expedientes judiciales como en audiencias públicas, garantizando así su seguridad personal y la independencia de sus decisiones.
El proyecto también plantea la posibilidad de trasladar procesos judiciales a otras jurisdicciones cuando se identifique peligro para la vida o integridad de los funcionarios del sistema de justicia.
Desde el Parlamento, diversos legisladores han manifestado su respaldo a la iniciativa, señalando que se trata de una medida “necesaria y urgente” ante el avance del crimen organizado en el país.
