La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso Cócteles, vinculado a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori, ha generado controversia en el ámbito jurídico por las presuntas irregularidades en el procedimiento y las implicancias legales del fallo.
La decisión del Tribunal Constitucional (TC) respecto al caso Cócteles continúa generando una fuerte polémica entre constitucionalistas y penalistas. El fallo, que ordena archivar la investigación contra el partido Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori, ha sido calificado por algunos expertos como un avocamiento indebido y una posible forma de receptación patrimonial, conceptos que abren un debate sobre los límites del TC frente al Poder Judicial.
El abogado y analista legal César Nakazaki explicó que el fallo del TC podría interpretarse como una intervención directa en la justicia ordinaria, lo que “debilita la independencia de los jueces y sienta un precedente peligroso en materia penal”. Otros especialistas coinciden en que la resolución excede la competencia del Tribunal, al anular actuaciones fiscales en curso.
El jurista Juan Carlos Ruiz Molleda sostuvo que el fallo incurre en un “uso erróneo del concepto de sinonimia jurídica”, al equiparar indebidamente delitos distintos para justificar el archivo del caso.
“No se trata de un tema de interpretación, sino de invasión de competencias. El TC no puede reemplazar la función del Ministerio Público ni del Poder Judicial”, precisó.
Por su parte, fuentes cercanas al entorno de Keiko Fujimori celebraron la decisión, señalando que “por fin se impuso la justicia frente a la persecución política”.
El caso Cócteles, uno de los más emblemáticos del sistema judicial peruano, investigaba presuntos aportes ilícitos a las campañas de Fuerza Popular provenientes de empresas privadas, entre ellas Odebrecht. Con esta resolución, el TC da por cerrado un proceso que se extendió por más de siete años.
El pronunciamiento ha sido dividido: mientras algunos juristas lo califican como un retroceso en la lucha anticorrupción, otros consideran que reafirma el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia.
La controversia continúa, y diversos sectores ya han solicitado una revisión constitucional o una aclaración del fallo por parte del mismo Tribunal.
