Luciano López, abogado de Espinoza, expresó que recurrirán al abogado constitucional que ordenó su reposición para que «haga valer su propia resolución».
La suspendida fiscal de la nación Delia Espinoza, en una conferencia de prensa brindada el reciente jueves, se pronunció respecto a la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no reponerla en el cargo de titular del Ministerio Público, pese a un fallo judicial que ordena lo contrario.
Donde manifestó diciendo, «me temo que con esas acciones […] de la JNJ -y porque no se ve mayor acción de otras entidades que guardan un silencio sepulcral- estamos yendo hacia una dictadura, en cámara lenta, a un golpe de Estado. Y creo que ya ni en cámara lenta, ya está siendo cada vez todo más grotesco, más grosero, más abierto, más descarado y sinvergüenza. Yo no lo voy a permitir, voy a seguir luchando».
«Lo que ha pasado el día de ayer simplemente es la consumación, y algo que sí lo tenía como sospecha, porque la conducta de la JNJ, desde el 16 de junio que avaló con su resolución ilegal, ilegítima, inconstitucional, la famosa Resolución 231-2025, el día de ayer simplemente ha dado un paso más en el amplio espectro, ramillete de ilegalidades que viene cometiendo», enfatizó.
También, Delia Espinoza opino respecto al magistrado de la JNJ, Francisco Távara, que fue separado del procedimiento en su contra por los otros miembros del pleno de dicha entidad. «Y algo muy importante que la población no conoce: solo 6 miembros de la JNJ han firmado, han venido llevando adelante este procedimiento administrativo contra mi persona de manera ilegal, porque han inhibido ilegalmente al señor Francisco Távara, el séptimo miembro, lo han apartado de este procedimiento. Desde ya eso es una ilegalidad absoluta, porque la inhibición es personal, no la solicitan otros miembros del colegiado», sostuvo.
Por otra parte, Luciano López, abogado de Delia Espinoza comunico que recurrirán al juez del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que dictó la orden de reposición de su patrocinada, para que haga valer su resolución. Difundido por RPP.
«Lo que corresponde en estos casos es recurrir ante el que dictó la orden, porque aquí habemos [sic] dos agraviados, por decirlo de alguna manera: los beneficiarios de la orden cautelar, pero sobre todo es agraviado el propio juez constitucional, porque hay un órgano que funciona como demandado y que le está diciendo al juez ‘yo soy la JNJ y hago lo que quiero’, y eso, por mandato constitucional, no puede ser así. Nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir ante el propio juez para que el juez sea quien haga valer su propia resolución», concluyó.
