El Tribunal Constitucional (TC) aprobó una resolución que concede indulgencia penal a los investigados por presuntos aportes ilícitos a campañas electorales, en respuesta a un recurso presentado por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.
La medida busca aplicar criterios de proporcionalidad y razonabilidad penal, según el fallo emitido, lo que permitiría reducir sanciones o archivar procesos relacionados con el financiamiento de campañas políticas anteriores.
De acuerdo con la defensa de Fujimori, el pedido presentado al TC tenía como objetivo corregir excesos judiciales en los casos de lavado de activos y cuestionar la duración de los procesos que, según argumentaron, vulneraban el derecho al debido proceso.
La decisión del TC ha generado reacciones encontradas. Mientras los simpatizantes del fujimorismo la celebran como un acto de justicia, sectores de la oposición y analistas legales la califican como una medida de impunidad política, al beneficiar a varios exdirigentes investigados por presuntos aportes ilegales de empresas privadas, incluyendo a la constructora Odebrecht.
El Ministerio Público aún no se pronuncia oficialmente sobre la resolución, pero fuentes del entorno fiscal señalaron que evaluarán las implicancias jurídicas de la indulgencia en curso.
