El máximo intérprete de la Constitución declaró fundado el recurso presentado por su defensa y dejó sin efecto todos los actos del proceso, al considerar vulnerados los principios de legalidad y plazo razonable.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el recurso de agravio constitucional presentado por Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, y dejó sin efecto todos los actos de la investigación por presunto lavado de activos en el marco del caso “Cócteles”. La decisión, respaldada por los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez, implica el cierre del proceso judicial que enfrentaba la lideresa de Fuerza Popular desde hace más de ocho años.
El fallo señala que se vulneraron el principio de legalidad y el derecho a un plazo razonable en la administración de justicia. “No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución”, sostiene el fundamento 96 de la resolución.
El Tribunal también dejó sin efecto la acusación fiscal presentada el 2 de julio de 2025, que buscaba llevar a Fujimori a juicio oral por presunto lavado de activos con aportes de campaña provenientes de Odebrecht y otros empresarios.
Voto en minoría
La presidenta del TC, Luz Pacheco, emitió un voto singular. Sostuvo que no corresponde al Tribunal Constitucional determinar si la conducta imputada tiene relevancia penal o encaja en un tipo delictivo, pues esa función pertenece al Poder Judicial. “La parte demandante tiene derecho a hacer valer sus argumentos de defensa en el proceso penal correspondiente”, afirmó.
Reacción del Ministerio Público
El fiscal José Domingo Pérez criticó la decisión del TC, señalando que “beneficia directamente a Keiko Fujimori” y que la sentencia 2109-2024 “declara que no constituye delito de lavado de activos los aportes de dinero de Odebrecht a las campañas políticas”. El representante del Ministerio Público recordó que este caso fue clave dentro de las investigaciones por financiamiento ilícito en la política peruana y advirtió que el fallo sienta un precedente preocupante para la lucha contra la corrupción.
