Horas después de que el Congreso de la República aprobara la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que solicitará al Poder Judicial un impedimento de salida del país para la exmandataria, en el marco de las investigaciones abiertas durante su gestión.
En declaraciones a medios nacionales, Gálvez explicó que la medida busca garantizar la continuidad de las investigaciones fiscales y evitar un posible riesgo de fuga.
“Estamos procediendo conforme a ley. La Fiscalía de la Nación y las fiscalías provinciales retomarán con celeridad los procesos que estaban pendientes, pues la ciudadanía exige transparencia y justicia”, precisó el titular del Ministerio Público.
El pedido de restricción migratoria se presentará en los próximos días y está relacionado con los casos “Rolexgate” y presunto enriquecimiento ilícito, investigaciones que se reactivarán tras la pérdida de inmunidad de Boluarte luego de su salida del cargo.
La exjefa de Estado fue destituida la noche del 9 de octubre por una amplia mayoría del Parlamento, tras semanas de cuestionamientos y tensiones políticas que minaron su respaldo en el Congreso. En su reemplazo, el legislador José Jerí juramentó como nuevo presidente de la República, prometiendo encabezar un gobierno de transición enfocado en la seguridad y la estabilidad nacional.
Tomás Gálvez, quien asumió recientemente la conducción del Ministerio Público, enfatizó que el país “no puede seguir tolerando impunidad” y que la justicia actuará “con independencia, sin sesgos políticos ni presiones externas”.
De concretarse la medida judicial, Dina Boluarte no podrá abandonar el territorio nacional mientras duren las investigaciones. El proceso de revisión será evaluado por el Poder Judicial, que determinará el plazo y los alcances del impedimento.
Contexto
El anuncio del fiscal se produce en un clima político convulso, marcado por el cambio de mando y las múltiples investigaciones abiertas a exfuncionarios del Ejecutivo. Diversos analistas han señalado que este proceso será una prueba crucial para el sistema judicial peruano, que deberá actuar con rigor y transparencia frente a los casos de presunta corrupción en las más altas esferas del poder.
