En medio de una de las semanas más convulsas de la política peruana, José Enrique Jerí Oré, ex presidente del Congreso, juró como nuevo presidente de la República del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte, aprobada por el Parlamento la noche del 10 de octubre. Su llegada al poder ha generado tanto expectativa como controversia, debido a su historial político y las denuncias que pesan en su contra.
⚖️ De asesor a mandatario: el ascenso político de José Jerí
José Jerí nació el 13 de noviembre de 1986 en Lima. Es abogado egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y obtuvo su título profesional en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Antes de llegar a la política nacional, fue asesor parlamentario y participó activamente en el partido Somos Perú, donde comenzó su carrera pública.
En 2021, alcanzó un escaño en el Congreso por Lima y, cuatro años después, se convirtió en una de las figuras más influyentes del Legislativo. El 26 de julio de 2025 fue elegido presidente del Congreso con 79 votos a favor, lo que lo colocó directamente en la línea de sucesión presidencial.
Con la destitución de Dina Boluarte, Jerí asumió la presidencia de la República en una ceremonia que se llevó a cabo pasada la medianoche, en un hemiciclo cargado de tensión política y vigilado por la mirada del país entero.
“Mi compromiso es devolverle la tranquilidad al pueblo. Ganaremos la guerra a la delincuencia y recuperaremos las calles”, fueron sus primeras palabras como jefe de Estado.
⚠️ Denuncias y cuestionamientos
Aunque su llegada al poder representa un nuevo capítulo en la historia política reciente, Jerí enfrenta serios cuestionamientos y denuncias judiciales que generan división entre los ciudadanos.
- Denuncia por presunta violación sexual:
En enero de 2025, una mujer denunció al entonces congresista por presunto abuso sexual en una reunión privada en Canta. La víctima afirmó haber sido drogada y ultrajada. El Ministerio Público abrió investigación, dictó medidas de protección y ordenó tratamiento psicológico al implicado.
Posteriormente, la causa fue archivada por falta de pruebas concluyentes, pero el caso continúa siendo señalado como un “punto oscuro” en su trayectoria política. - Cuestionamientos por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito:
Informes periodísticos relacionaron a Jerí con posibles favorecimientos en contratos estatales desde su posición en el Congreso. Aunque no existen sentencias firmes, la Fiscalía de la Nación mantiene abierta una investigación preliminar sobre presuntos cobros irregulares y uso indebido de influencias. - Críticas éticas y políticas:
Diversas bancadas cuestionaron su elección como presidente del Congreso, calificándola como “una premiación a la impunidad”. Sin embargo, sus seguidores lo defienden como un líder joven, decidido y pragmático, capaz de restaurar la gobernabilidad perdida tras múltiples crisis presidenciales.
Promesa presidencial: “Una guerra sin tregua contra la delincuencia”
En su primer discurso como mandatario, Jerí anunció que su prioridad será erradicar la delincuencia y el crimen organizado que azota las principales ciudades del país.
Entre sus promesas más destacadas figuran:
- “Guerra frontal” contra la delincuencia: anunció un plan conjunto entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público para recuperar el control de las calles.
- Reforma del sistema judicial: buscará acelerar procesos contra criminales y eliminar la impunidad.
- Reforzar la seguridad en colegios y mercados, considerados puntos críticos de microcomercialización de drogas y extorsión.
- Plan “Calles Seguras 2026”, con la meta de reducir en 40 % los índices delictivos antes del fin de su mandato.
- Declaración del estado de emergencia en zonas con presencia de sicariato y crimen organizado.
“El enemigo común del Perú no es político, es el delincuente que nos arrebata la paz. No descansaré hasta que las calles vuelvan a ser de los peruanos honestos”, subrayó Jerí en Palacio de Gobierno.
Un país dividido, una promesa en duda
El ascenso de José Jerí a la presidencia llega en un momento en que el país atraviesa una profunda crisis de legitimidad institucional. Mientras algunos lo ven como una oportunidad de renovación, otros exigen que primero aclare las denuncias que arrastra.
Su desafío será gobernar en un clima de polarización, restaurar la confianza ciudadana y demostrar que sus promesas de seguridad no quedarán solo en el discurso.
El nuevo mandatario deberá conducir el país hasta julio de 2026, fecha en la que culmina el actual periodo presidencial.
