Dina Boluarte atraviesa, sin duda, el momento más difícil de su presidencia. Desde que asumió el cargo en diciembre de 2022, tras la fallida intentona golpista de Pedro Castillo, su gobierno ha estado marcado por la inestabilidad, la protesta social y cuestionamientos éticos que han erosionado aceleradamente su legitimidad. Pero es ahora, en medio de investigaciones fiscales, presiones políticas y un creciente aislamiento, cuando su permanencia en el poder pende de un hilo más delgado que nunca.
Los escándalos que la rodean —como el caso de los relojes de lujo Rolex, las obras presuntamente direccionadas a través del Ministerio de Vivienda, y los recientes allanamientos en Palacio de Gobierno— han reforzado la imagen de una mandataria alejada del pueblo y cercana a círculos de poder cada vez más cuestionados. A ello se suma la percepción de que su gestión ha carecido de rumbo claro, oscilando entre el pragmatismo político y la supervivencia institucional.
La protesta social que estalló tras su ascenso al poder dejó decenas de muertos, en su mayoría civiles, muchos de ellos jóvenes e indígenas del sur del país. Los informes de organismos internacionales han señalado un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, y aunque Boluarte ha intentado desmarcarse de la responsabilidad directa, la opinión pública no ha perdonado esa etapa oscura.
En el Congreso, su relación es frágil y oportunista. Aunque ha logrado una cierta estabilidad aliándose con sectores conservadores, estos mismos actores podrían darle la espalda si el costo político de sostenerla se vuelve demasiado alto. La llamada «coalición de la impunidad», como la han denominado algunos analistas, está compuesta por intereses volátiles que no garantizan una gobernabilidad sostenida.
Boluarte se enfrenta ahora no solo a la justicia, sino también a una ciudadanía hastiada, a un sistema político deslegitimado y a la sombra de nuevas elecciones que muchos consideran urgentes. Su hora más crítica no se define solo por los procesos en curso, sino por la falta de un liderazgo que inspire confianza y que trace un camino para superar la profunda crisis institucional que atraviesa el Perú.
En este punto, su mayor dilema no es cómo mantenerse en el poder, sino cómo salir de él sin arrastrar consigo lo poco que queda en pie de la democracia peruana.
