El reciente anuncio del cierre definitivo del penal de la Base Naval del Callao, donde permanecen recluidos Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial, así como cabecillas de organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, ha generado una fuerte polémica en el ámbito político, social y de seguridad.
Según el Ministerio de Justicia, la medida responde a una política de reordenamiento penitenciario y busca optimizar recursos mediante la concentración de internos en establecimientos comunes. No obstante, especialistas advierten que el traslado de estos personajes de alta peligrosidad a penales ordinarios representa serios riesgos de seguridad nacional.
Entre las principales preocupaciones destacan:
Posible rearticulación de redes criminales y terroristas, al tener mayor contacto con otros reclusos.
Riesgo de fugas o intentos de rescate, al estar en penales con menos protocolos de aislamiento.
Incremento de la influencia ideológica de cabecillas sobre internos comunes.
Mayor exposición mediática y política, que podría ser aprovechada por grupos radicales.
Familiares de víctimas del terrorismo y asociaciones de defensa de derechos humanos han solicitado al Gobierno reconsiderar la medida, señalando que los condenados por crímenes de lesa humanidad y terrorismo deben permanecer en regímenes de máxima seguridad y aislamiento, como venía ocurriendo en la Base Naval.
El Ejecutivo aún no ha precisado a qué penales serán trasladados los internos, pero trascendió que se evalúan recintos de Ancón, Challapalca y Yanamayo, que cuentan con infraestructura de alta seguridad.
La Defensoría del Pueblo instó a que cualquier decisión garantice la seguridad nacional, los derechos humanos y la protección de la ciudadanía, considerando el impacto que podría tener esta medida en la lucha contra la criminalidad y el terrorismo en el país.
