El Ejecutivo se pone del lado de Keiko Fujimori y cuestiona a la Fiscalía, que pidió la ilegalidad del partido por conducta antidemocrática.
El Gobierno de Dina Boluarte dejó de lado su obligación de mantener neutralidad electoral y salió en defensa de Fuerza Popular, cuestionando abiertamente a la Fiscalía de la Nación luego de que esta solicitara la cancelación de la inscripción del partido fujimorista.
En un comunicado, el Ejecutivo señaló que “la Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral”. Aunque no mencionaron directamente a Fuerza Popular, las alusiones fueron claras.
El Gobierno incluso fue más allá y calificó la acción de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, como ilegal: “Acciones alejadas de nuestro ordenamiento jurídico, tomadas por el Ministerio Público, no deben impedir a los peruanos el libre ejercicio de elegir a sus próximas autoridades”.
En su mensaje, el Ejecutivo recordó que en los últimos seis años el país ha tenido seis presidentes, responsabilizando a esta inestabilidad de la crisis política, económica y social, aunque omitieron mencionar que muchos de esos cambios de mandatarios fueron promovidos por el propio fujimorismo.
Fiscalía pide declarar ilegal a Fuerza Popular
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado al Poder Judicial la ilegalidad de Fuerza Popular bajo acusaciones de conducta antidemocrática. Según el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, la Corte Suprema puede cancelar la inscripción de un partido cuando se determine que sus actividades atentan contra los principios democráticos.
Espinoza sostiene que Fuerza Popular vulneró sistemáticamente libertades y derechos fundamentales. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente será la encargada de evaluar el caso.
Para que prospere la cancelación se requiere el voto de cuatro de los cinco magistrados. Tanto el Ministerio Público como Fuerza Popular podrán apelar la decisión ante la Sala Suprema Civil Permanente.
Este es el segundo pedido de ilegalidad que formula el Ministerio Público en la historia reciente: antes ya se canceló la inscripción de A.N.T.A.U.R.O. por similares motivos.
