Transportistas e indígenas desafían a Noboa en las calles, mientras el Gobierno endurece su postura y descarta negociar.
El presidente Daniel Noboa enfrenta su primera gran crisis social: la eliminación del subsidio al diésel, que disparó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares, ha desatado bloqueos y protestas en seis provincias de Ecuador.
El Gobierno asegura que los 1.100 millones de dólares anuales que costaba el subsidio se redirigirán a programas sociales, compensaciones para transportistas y apoyo al sector agrícola y pesquero. Sin embargo, el malestar crece.
Desde el fin de semana, transportistas de carga pesada bloquean carreteras en Carchi, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Loja y Azuay. Aunque no se han registrado episodios de violencia generalizada, sí hubo detenciones en Carchi. El transporte urbano continúa operativo en las principales ciudades.
El ministro de Transporte, Roberto Luque, advirtió que no hay justificación para subir tarifas de transporte público ni alimentos, pues los transportistas recibirán compensaciones de entre 400 y 1.000 dólares mensuales por unidad durante ocho meses.
Gobierno firme y sin marcha atrás
La vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, defendió la medida calificándola como el “programa de redistribución de recursos e incentivos sociales más ambicioso de la historia de Ecuador”. Insistió en que la eliminación del subsidio es definitiva: “Estamos abiertos al diálogo, pero no a una negociación que implique ceder ante las protestas”.
Sobre la Conaie, organización indígena que en 2019 y 2022 paralizó el país, Jaramillo fue tajante: “No se puede buscar el diálogo con quienes históricamente han intentado paralizar el país y generarle pérdidas a quienes más necesitan trabajar”.
La Conaie respondió acusando a Noboa de repetir la receta del FMI y “sacrificar la vida, la salud y la educación del pueblo”. En un comunicado, advirtió: “El Gobierno está llevando al límite la paciencia popular”, y anunció que activará “todos sus mecanismos organizativos legítimos para enfrentar este nuevo paquetazo”.
Estrategia de Noboa
En medio de la crisis, el presidente trasladó temporalmente la sede del Gobierno a Latacunga (Cotopaxi), un territorio con fuerte presencia indígena, considerado estratégico para contener el conflicto. El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó: “Si alguien pretende hacer algún tipo de problema, estamos cerca para afrontarlo. Noboa está tomando las decisiones correctas para el país”.
Mientras tanto, gremios empresariales y comerciantes respaldan la medida, viéndola como un paso necesario hacia la estabilidad fiscal. Noboa, en su segundo mandato desde mayo, ha emprendido un ajuste económico que incluye despidos en el sector público, nuevos impuestos, recorte salarial y la reducción de subsidios, en el marco de un acuerdo crediticio con el FMI por 5.000 millones de dólares en cuatro años.
La tensión aumenta y Ecuador revive el fantasma de los estallidos sociales que ya sacudieron a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
