El debate jurídico sigue abierto. Expertos advierten que la jurisprudencia del propio TC deja excepciones para que los jueces no estén atados a la constitucionalidad declarada de una ley.
La reciente demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra la Ley de Amnistía ha reavivado el debate sobre los límites del control difuso en el Perú. Se ha sostenido que, si el Tribunal Constitucional (TC) declara constitucional esta norma, los jueces ordinarios ya no podrían inaplicarla en sus sentencias.
Sin embargo, el constitucionalista Arturo Crispín recordó que existen excepciones reconocidas por el propio TC. Estas fueron expresadas en la sentencia recaída en el Expediente N.° 1680-2005-PA/TC, donde se dejó claro que la regla no es absoluta.
En dicho precedente, el TC estableció tres supuestos relevantes:
- Compatibilidad internacional: Si un tribunal internacional de derechos humanos, como la Corte IDH, declara que una ley es incompatible con un tratado de derechos humanos, los jueces peruanos pueden dejar de aplicarla. Ese fue el caso de las leyes de amnistía N.° 26479 y 26492, anuladas en la sentencia Barrios Altos (2003).
- Inconstitucionalidad en un caso concreto: Aun cuando una ley haya sido declarada válida en abstracto por el TC, un juez podría inaplicarla si su aplicación en un caso particular resulta inconstitucional.
- Inconstitucionalidad sobreviniente: Si la Constitución es modificada con posterioridad, y ello genera una contradicción con la ley previamente declarada constitucional, el juez puede volver a evaluarla.
Crispín subrayó que estas excepciones mantienen viva la discusión sobre la legitimidad del control difuso en contextos de leyes de amnistía, así como los alcances de este mecanismo dentro del sistema judicial peruano.
El debate sigue abierto, en medio de cuestionamientos sobre los efectos que podría tener una eventual sentencia del TC en relación con esta ley.
