El alcalde de Lima sabía desde marzo que la flota ferroviaria estaba deteriorada, pero igual la presentó como “lista para operar”. Hoy, el informe técnico lo desmiente y deja en evidencia el engaño.
Documentos oficiales revelan que el alcalde conocía con lujo de detalles, desde el 14 de marzo de 2025, que las 20 locomotoras diésel-eléctricas y 93 vagones comprados a Caltrain en California no estaban en condiciones de operar. Una consultoría internacional contratada por su propia gestión advirtió que se requerían al menos seis meses de revisión y reacondicionamiento para hacerlos funcionales.
El negocio fue millonario: 223 millones de dólares por la compra y más de 1.8 millones adicionales en repuestos. Una cifra maquillada para justificar la importación de chatarra ferroviaria en lugar de adquirir material nuevo. A pesar de saberlo, el alcalde los mostró a la ciudadanía como si estuvieran en perfecto estado, “listos para rodar”. Todo era falso.
El informe que revela la verdad
El contrato con Rail Electrical Service LLC, firmado el 14 de febrero de 2025, determinó que solo el 70% de las locomotoras eran recuperables. Seis de ellas estaban inservibles, con motores desgastados, sistemas eléctricos colapsados y consumo excesivo de combustible. Los vagones, por su parte, evidencian daños estructurales menores, pero muestran interiores con tapicería rota, asientos destruidos e, incluso, signos de haber sido usados como refugio de indigentes en Estados Unidos.
El mismo informe explica por qué una de las locomotoras se descarriló en su traslado desde el Callao al parque La Muralla: desgaste progresivo en rodamientos, suspensión vencida y ejes deteriorados. Una bomba de tiempo para cualquier pasajero.
Ataque a la prensa y denuncias calumniosas
Lejos de asumir la verdad, la Municipalidad de Lima emprendió una ofensiva judicial contra el diario La República y la periodista Grecia Infante, autora del reportaje que destapó el estado real de los vagones. La comuna los acusa de haber dañado intencionalmente los coches.
La Fiscalía y la Contraloría ya han sido alertadas. El Ministerio de Transportes exigió evaluar responsabilidades y verificar los costos reales de esta compra con indicios de sobreprecio y engaño.
