Una comunidad de diez monjas de la orden de las Carmelitas Descalzas tuvo que abandonar el país luego de sufrir intensas amenazas de muerte en su convento ubicado en Manchay. Extorsionadores y traficantes de terrenos, provenientes de zonas colindantes, las intimidaron con bidones de gasolina y les advirtieron: “Lárguense o las quemamos vivas” .
La situación, que comenzó hace cuatro años con la invasión de parte del terreno destinado a obras sociales del convento, escaló hasta convertirse en una amenaza directa contra la integridad de las religiosas. El convento, fundado en 2012 como “San José y Santa Teresa de Jesús”, se convirtió en el epicentro de esta violencia—un espacio que desde entonces pasó de ser refugio espiritual a zona de alto riesgo.
Ante el peligro inminente, la comunidad religiosa solicitó la intervención de la Iglesia. El arzobispo de Lima brindó su apoyo y, finalmente, el Vaticano y el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada aprobaron la salida de las monjas del país.
El 12 de agosto, fueron acogidas en Onda, Castellón (España), donde reabrieron el convento histórico de la Purísima Concepción, clausurado desde 2022. El obispo local calificó su llegada como un “don de Dios”, una respuesta a la falta de vocaciones y al cierre de otros conventos en Europa.
Este caso pone una vez más en evidencia la grave crisis de seguridad en zonas vulnerables del país y cómo incluso las instituciones religiosas ven comprometida su labor contemplativa y social. Las Carmelitas, que trabajaban en clausura y apoyo espiritual desde hace más de una década, fueron obligadas a huir para preservar su vida y misión.
