El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación el dictamen que incorpora el delito de criminalidad sistemática en el Código Penal peruano, con el objetivo de endurecer las penas contra organizaciones criminales que utilicen violencia para generar terror en la población.
Detalles de la nueva legislación
La propuesta, respaldada por 73 votos a favor, 20 en contra y 15 abstenciones, establece que quienes cometan delitos como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado utilizando armas de fuego, explosivos u otros artefactos peligrosos, serán sancionados con cadena perpetua. Esta pena se aplicará especialmente en casos donde se utilicen artefactos explosivos, como granadas, para extorsionar a la población, generando zozobra y temor colectivo.
Además, la ley contempla penas de hasta 35 años de prisión para aquellos que cometan al menos tres actos graves con el fin de obtener beneficios económicos o dominar el ámbito criminal. Las penas podrán incrementarse si se presentan agravantes, como el uso de menores de edad o la participación de miembros activos o en retiro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú.
Reemplazo del término «terrorismo urbano»
Con esta medida, el Congreso ha decidido reemplazar el término «terrorismo urbano» por «criminalidad sistemática», buscando una tipificación más precisa y acorde con la realidad delictiva actual. Esta decisión también responde a las críticas recibidas por la propuesta anterior, que había sido cuestionada por especialistas y organizaciones civiles.
Proceso legislativo y próximos pasos
El dictamen aprobado deberá pasar por una segunda votación en el Congreso dentro de los próximos siete días para su ratificación definitiva. En paralelo, se espera que el Ejecutivo se pronuncie sobre la ley modificatoria de la Ley de Crimen Organizado, también aprobada en la misma sesión legislativa.
Reacciones políticas
La aprobación de esta ley ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Mientras algunos sectores celebran el endurecimiento de las penas como una medida necesaria para combatir la delincuencia organizada, otros advierten sobre posibles riesgos de abuso y la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos en su implementación.
