La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) emitió un enérgico comunicado en el que rechaza la recién promulgada Ley de Amnistía, vigente desde agosto, denunciando que la norma «fomenta la impunidad» en crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado interno (1980–2000), e insta al Poder Judicial a inaplicarla a través del control difuso
Señales claras en defensa de la dignidad y la justicia
En el comunicado, los 12 obispos firmantes —entre ellos los cardenales Carlos Castillo y Pedro Barreto— enfatizan que la ley es «contraria a la justicia», porque legitima la impunidad frente a delitos de extrema gravedad y menoscaba la dignidad humana. Agregan que “la justicia es para todos”, y subrayan que los procesos que buscan la verdad no pueden ser sometidos a demoras “crueles e irracionales”. También puntualizan que no corresponde eximir de responsabilidad a nadie, aún si tiene más de 70 años, una disposición contemplada en la ley
Un llamado al Poder Judicial
Con firmeza, los obispos exhortaron a los magistrados del Poder Judicial a ejercer su facultad de control difuso para no aplicar la ley, priorizando la protección de los derechos fundamentales de las personas y de la sociedad.
Contexto nacional e internacional adverso
- Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han advertido que esta legislación vulnera compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano y abre las puertas a una impunidad institucionalizada
- La ONU, por su parte, ha denunciado que la norma representa un retroceso en la justicia y llama a derogarla de inmediato, recordando que el derecho internacional prohíbe amnistías en casos de violaciones graves de derechos humanos.
- La Corte IDH ordenó incluso suspender su aplicación mientras se evalúan sus efectos sobre las víctimas.
Riesgos para la justicia y la memoria
Expertos legales subrayan que la ley amenaza más de 156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos en curso por graves violaciones a los derechos humanos. Además, vulnera la Constitución peruana, que establece la primacía del derecho internacional y del sistema interamericano sobre normas internas contrarias.
El pronunciamiento episcopal no solo pone en evidencia la gravedad de la norma sino también el consenso moral que se erige contra una reconstrucción legal que podría socavar la justicia, la reparación y la memoria histórica. Frente a esta fuerte condena desde distintos frentes, el destino de la Ley de Amnistía se perfila como un asunto crítico para el sistema de justicia y los valores democráticos del país.
