Ramón Garay pidió a la presidenta que recapacite, advirtiendo que la decisión pondrá en riesgo la seguridad, el turismo y el ecosistema de su distrito.
El anuncio del Gobierno de construir un nuevo penal en la isla El Frontón desató una fuerte respuesta desde La Punta. El alcalde Ramón Garay pidió este miércoles una reunión con la presidenta Dina Boluarte para exigirle que dé marcha atrás con el proyecto, aprobado en una sesión de emergencia del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc).
Garay afirmó en RPP que no ha tenido ninguna conversación ni con Boluarte ni con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien confirmó la iniciativa. “Señora presidenta, le pediría una reunión para que recapacite y busque otras opciones. Siempre vamos a apoyar al Gobierno, pero esto nos va a perjudicar”, dijo.
“Dejaríamos de ser un distrito seguro”
El burgomaestre calificó la decisión como una amenaza directa contra el distrito chalaco. “Este distrito es uno de los más seguros del Perú, seríamos un distrito que no tendríamos tranquilidad. El orden cambiaría totalmente la forma de vida del vecino punteño que vive en un distrito seguro, tranquilo, histórico, gastronómico. ¿Qué queremos, que eso lo perdamos?”, sostuvo.
También recordó que El Frontón “nunca funcionó, porque los presos se escapaban”, señalando que insistir con una cárcel en esa zona solo traería inseguridad.
Impacto en el turismo y el medio ambiente
Garay advirtió que el penal afectaría seriamente al turismo y al ecosistema local. “Hemos sido reconocidos hace quince días por el Ministerio del Ambiente como una playa segura, saludable, cuidando el ecosistema (…) Los lobos marinos que habitan en todo este ecosistema serían afectados, los pescadores artesanales también serían afectados”, señaló.
Gobierno defiende decisión
El ministro Santiváñez defendió la construcción del penal, destacando que la aprobación fue unánime en el Conapoc tras una exposición técnica de dos horas que incluyó viabilidad y aspectos financieros. La presidenta Boluarte ya había adelantado la iniciativa el domingo pasado, lo que confirma que el Gobierno está decidido a llevar adelante el proyecto.
La confrontación está abierta: mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de un nuevo penal, el distrito de La Punta advierte que la medida pondrá en jaque su seguridad, su ecosistema y su futuro turístico.
