El análisis desarrollado por Prosegur Research advierte que las redes criminales, cada vez más sofisticadas y transnacionales, avanzan en la región con fuerte impacto social, económico e institucional. Perú atraviesa un aumento sostenido de la criminalidad, impulsado por el crecimiento de economías ilícitas como la minería ilegal. A nivel regional, ante las limitaciones del Estado para garantizar la seguridad pública, la seguridad privada ha registrado un sostenido crecimiento en las últimas décadas. Se estima que hay aproximadamente 4 millones de guardias de seguridad privada en la región.
América Latina se consolidó como la región más violenta del mundo en términos de homicidios, con el 33% de los asesinatos globales concentrados en países que albergan menos del 10% de la población mundial. El Anuario de Seguridad de América Latina 2025, desarrollado por Prosegur Research, revela cómo el crimen organizado ha evolucionado en escala, estructura y capacidad operativa, expandiéndose a través de fronteras y diversificando sus actividades ilícitas.
Perú atraviesa un aumento sostenido de la criminalidad, impulsado por el crecimiento de economías ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y el contrabando, que operan con estructuras cada vez más organizadas y con alcance transnacional. En las zonas urbanas destaca la expansión del crimen predatorio, es decir, robos, extorsiones, sicariato; mientras que en áreas rurales y fronterizas se observa un mayor control territorial por parte de grupos vinculados al crimen organizado.
Asimismo, en 2023 la tasa de homicidios fue de 8,6 por cada 100, 000 habitantes. Según Prosegur Research, si bien esta cifra se mantiene por debajo de los niveles más críticos de la región, supera ampliamente el promedio de países como El Salvador o Chile. Este indicador refleja un escenario donde la violencia letal continúa siendo un desafío para la seguridad ciudadana y la actividad económica.
Escenario complejo
A nivel regional el informe alerta que América Latina vive un escenario complejo marcado no solo por el aumento de la violencia en varios países impulsado por el crimen organizado y las economías ilícitas, sino también por la debilidad institucional y las limitaciones presupuestarias que dificultan estrategias sostenidas de prevención y control.
Diversos expertos convocados a participar de este informe señalan que las estrategias para combatir el crimen deben ser integrales, combinando acciones de represión con políticas de prevención, desarrollo social y fortalecimiento institucional, así como la necesidad de políticas diferenciadas según el tipo de grupo criminal, la mejora de la cadena de seguridad pública —policía, justicia y sistema penitenciario—, y una mayor cooperación internacional para enfrentar redes ilícitas que operan más allá de las fronteras.
Seguridad Privada un apoyo esencial
El avance de la criminalidad impacta también en la economía: las empresas afrontan crecientes riesgos de robos, fraudes, extorsiones y ataques a la logística. En este contexto, la seguridad privada se ha convertido en un actor de apoyo esencial, complementando el trabajo de las fuerzas públicas y cubriendo áreas donde la respuesta estatal es insuficiente.
En línea con ello, el Anuario de Seguridad de América Latina 2025 señala que según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el número de agentes de seguridad privada en América Latina supera con creces al de las fuerzas policiales en muchos países. Se estima que hay aproximadamente 4 millones de guardias de seguridad privada en la región, en comparación con 2.4 millones de policías. Este crecimiento convierte al sector en un complemento clave de la seguridad pública, aunque plantea el desafío de avanzar hacia regulaciones claras, estándares profesionales y mecanismos de fiscalización eficaces.
En conjunto, el informe advierte que el reto para América Latina no es contener la expansión del crimen organizado, sino construir sistemas de seguridad más integrales, legítimos y resilientes que fortalezcan la confianza ciudadana y la gobernabilidad democrática.
