Golpe judicial contra Andrés Hurtado, investigado por tráfico de influencias y cohecho. La Fiscalía Suprema busca destapar la ruta del dinero en una red de corrupción que involucra a empresarios y fiscales.
Investigación por presunta coima millonaria
El Poder Judicial autorizó levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, actualmente preso en Lurigancho con 18 meses de prisión preventiva. La medida alcanza también a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, el empresario Javier Miu Lei e Iván Siucho Neira.
Todos son investigados por su presunta participación en el pago de una coima de parte de Miu Lei para que Peralta le devolviera barras de oro incautadas a su empresa en 2020.
Resolución del juez supremo
El magistrado Juan Carlos Checkley declaró fundado el pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos. Según su resolución, levantar el secreto financiero es una medida “idónea, necesaria y proporcional” para conocer el origen de las operaciones sospechosas y verificar si existen más implicados.
El juez precisó que, aunque se trata de una restricción de derechos fundamentales, se justifica por el interés público y la gravedad de los ilícitos.
Empresas bajo la lupa
La orden judicial también incluye a cuatro empresas vinculadas a Hurtado, con el objetivo de revisar si sus cuentas fueron usadas para mover dinero de origen ilícito y encubrir presuntos actos de corrupción.
Antecedentes de Hurtado
Además de este caso, Hurtado enfrenta otro proceso en la Fiscalía Anticorrupción. Tiene un mandato de prisión preventiva por nueve meses debido a las irregularidades en la renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Siucho en 2019, trámite que le permitió jugar en China.
