Diversas voces políticas y ciudadanas han expresado preocupación frente a la reciente defensa pública que la presidenta Dina Boluarte realizó en favor de su hermano, Nicanor Boluarte, actualmente investigado por la Fiscalía dentro del operativo “Ícaro”, que indaga la existencia de una presunta red criminal liderada por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
Según medios nacionales, la mandataria habría empleado recursos del aparato estatal para emitir mensajes oficiales y movilizar funcionarios en torno a la situación legal de su familiar. Este hecho ha generado cuestionamientos respecto a un posible conflicto de intereses y uso indebido de recursos públicos.
Posiciones encontradas
Críticos de la gestión señalan que la presidenta estaría comprometiendo la imparcialidad de su cargo al involucrarse directamente en la defensa de Nicanor Boluarte, utilizando medios institucionales para asuntos de carácter personal y familiar.
Voceros del Ejecutivo, por su parte, sostienen que la jefa de Estado se limitó a expresar un mensaje de respaldo en el marco de la presunción de inocencia, sin interferir en el proceso judicial ni en la autonomía de la Fiscalía.
Contexto del caso
El operativo “Ícaro” incluyó allanamientos en viviendas y oficinas vinculadas tanto a Nicanor Boluarte como al ministro Santiváñez. La fiscalía investiga presuntos actos de corrupción relacionados con favorecimientos ilícitos, contratos irregulares y beneficios indebidos en la Policía y en sectores estratégicos.
Reacciones políticas
Bancadas de oposición en el Congreso ya evalúan la posibilidad de citar a la presidenta y a miembros de su gabinete para que brinden explicaciones sobre el presunto uso de recursos en defensa de su hermano. Asimismo, especialistas en derecho constitucional advierten que el caso podría abrir un nuevo capítulo de tensión política en el país.
