Por Antero Flores-Araoz
Evidentemente Martin Vizcarra no es ningún santo y menos de mi devoción. Siempre he considerado que fue un grave error de Pedro Pablo Kuczynski haberlo puesto en su plancha presidencial sin haberlo previamente escrutado o investigado, pues de haber conocido a tiempo sus antecedentes nada halagüeños acaecidos en Moquegua, seguramente no habría sido su socio político y menos su sucesor en el Palacio de Pizarro, luego de su renuncia al cargo presidencial.
Martin Vizcarra no solamente está procesado por hechos delictuosos ocurridos cuando tuvo a su cargo la conducción de la Región Moquegua, sino también enfrenta diversas denuncias e investigaciones fiscales de cuando ejerció la Presidencia de la República, entre ellas por la pésima conducción para enfrentar la pandemia del Covid 19 que tantas víctimas nos dejó y, no sigo para no perjudicar la presunción de inocencia de que gozan constitucionalmente todas las personas mientras no se declare en proceso penal su culpabilidad.
Es el caso que, en el proceso por sus acciones en Moquegua, el Poder Judicial ordenó su detención preventiva y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) clasificó a Vizcarra para estar detenido en “Barbadillo”, cuyo inicial destino fue un cuartel policial, el que está premunido de especial seguridad.
Bueno pues, es el caso que el INPE lo ha reclasificado para ser destinado a otro establecimiento penal para su detención preventiva, haciendo eco de algunas críticas expuestas su primera decisión de sufrir la detención preventiva en “Barbadillo” con los demás ex presidentes de la República que ya tienen condena o están sujetos a proceso penal.
Evidentemente los ex presidentes que están en Barbadillo no lo están allí para jugar Bridge o Buraco, sino para privados temporalmente de su libertad esté su integridad protegida por su condición de ex presidentes, así los delitos imputados no lo sean con anterioridad al ejercicio de la Presidencia de la República.
No es el primer caso que se utilizan edificaciones de alta seguridad para albergar a procesados como a ya condenados, como es el caso de las instalaciones especiales que se ubican dentro de la Base Naval del Callao conducida por la Marina de Guerra del Perú.
No olvidemos que quienes fueron Presidentes de la República, sea por elección popular o por sucesión constitucional, han personificado a la Nación, han gobernado al país, e incluso han sido jefes supremos de las Fuerzas Armadas y Policiales, todo lo cual no es poca cosa, por lo que requieren un trato carcelario adecuado.
Igual como hay establecimientos penitenciarios para reos primarios y para quienes no lo son, también se clasifican por su edad, por su peligrosidad o por peligro de fuga, entre otras calificaciones, por lo que no sería nada raro diferenciar a quienes han ejercido la Presidencia de la República, de quienes no lo han sido.
Diferenciar a los detenidos por delitos perpetrados durante la Presidencia de la República o antes de ella, estimo que ello es descriteriado, pues el delito es igual en cualquier espacio o localización, así como dentro o fuera del cargo de Presidente de la República, pero si es dentro requiere de una seguridad especialísima. Con decisiones como la señalada, lejos de contribuir a prestigiar nuestro Sistema Jurídico se le desprestigia aún más.
