Por Antero Flores-Araoz
Los vehículos que el Estado adquiere, para movilizar a los altos funcionarios de la República, es para satisfacer una necesidad real, que tenga relación con las funciones que desempeñan los funcionarios aludidos y no para atender a egos o vanidades personales.
Lo expuesto tiene que ver con el escándalo que se ha suscitado por la adquisición de vehículos automotores de lujo o de alta gama, como también se les conoce, para las más altas autoridades de la Policía Nacional.
De inmediato los altos mandos policiales han saltado hasta el techo aduciendo que con las adquisiciones en cuestión no se ha transgredido norma legal alguna, con olvido de que no se trata de simple legalidad, sino si ello afecta al decoro público.
El otorgar movilidad a determinados funcionarios del Estado, es para facilitarles sus tareas al servicio del país y por lo tanto por simple lógica su objetivo es utilitario. En efecto los lujosos autos adquiridos no son para trasladar a las novias a las ceremonias de sus matrimonios, cuando ello aún se estilaba, sino para ir a sus oficinas, cuarteles, comisarías u otras dependencias, dado que la función policial es mantener la tranquilidad pública o recuperarla cuando ella es afectada, así como también para investigar la perpetración de delitos como expresamente lo determina la misma Constitución del Estado, lo que acaba de ratificar en pulcra sentencia el Tribunal Constitucional, facultad investigatoria que es compartida con el Ministerio Público.
Nos preguntamos si para repeler actos de violencia en manifestaciones populares, se requiere de lujosos vehículos o simplemente de patrulleros y porta tropas, en adición a tanquetas. No hay que ser espada de honor para conocer la respuesta.
La presente nota se hace con el ánimo que se corrijan distorsiones y excesos, más no para incordiar a nuestra Policía Nacional, a la que siempre hemos tenido en el sitial que corresponde e incluso la hemos defendido y defenderemos, cuando nuestro Ministerio Público, Poder Judicial y Sistema Interamericano de Derechos Humanos se dedican a tener procesados años y años, lustros e incluso décadas, a policías desde el rango más modesto hasta el más alto, solamente por haber puesto orden, cumplir con su deber, combatir al terrorismo y a la delincuencia. Lo hemos dicho y repetido hasta la saciedad, pues ello no es Justicia.
Igual que cuando existen miembros de nuestra Policía, que cometen ilícitos penales y otras fechorías, dañan a su Institución y a su bien ganado prestigio, también los excesos en adquisiciones vehiculares para ella también la afectan y, peor aún, cuando hay carencias de armamento, de chalecos protectores, y de dormitorios decentes en cuarteles y comisarías, no nos podemos quedar callados.
Incluso hay que señalarlo también con claridad, los desatinos a que nos referimos hacen que los rangos inferiores, cuando ven los despropósitos, se indignen y pierdan la consideración que deben tener para con sus superiores, lo que es una consecuencia nefasta para el sistema.
El trasladarse en vehículos lujosos, no hace a sus pasajeros más o menos importantes, pero si los hace antipáticos a la ciudadanía, lo que debemos evitar en consecuencia.
