La Junta Nacional de Justicia abrió trámite contra su presidente, Gino Ríos Patio, tras revelarse una sentencia por violencia familiar. La sesión fue reservada y generó duras críticas por falta de transparencia.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) admitió a trámite el pedido de vacancia contra su presidente, Gino Ríos Patio, luego de que asumiera el cargo a pesar de tener en su historial una sentencia por violencia familiar. La audiencia, realizada el 19 de agosto, se desarrolló de manera reservada, lo que desató una ola de cuestionamientos.
El exministro del Interior, Gino Costa, y la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Cruz Silva, criticaron que la sesión se llevara a cabo sin acceso público. “Pueden pedir que sea reservada por excepción, pero este no es el caso”, sostuvo Silva en declaraciones a este medio.
Desde que se conoció la sentencia contra Ríos, a inicios de agosto, en el Congreso se han presentado tres pedidos de vacancia firmados por los parlamentarios Flor Pablo, Susel Paredes y Héctor Acuña. Todos dirigieron sus oficios a la vicepresidenta de la JNJ, María Cabrera, amparándose en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Junta, que establece la vacancia para los miembros que se encuentren en causales de inhabilitación.
Cruz Silva, especialista en temas de magistratura, fue más allá y afirmó que no basta con la vacancia. Señaló que se debería investigar y denunciar constitucionalmente a quienes permitieron la llegada de Gino Ríos al máximo cargo de la JNJ. Apuntó directamente al expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, quien lo entrevistó durante el proceso, y al actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien presidió la Comisión de Selección.
“Esto evidencia que el proceso de selección estuvo mal hecho y debió repetirse. Ya van dos sentencias obviadas por la Comisión, con los casos de Rafael Ruiz y ahora de Ríos. Es un riesgo grave para la independencia del sistema de justicia”, advirtió Silva.
El caso abre un nuevo capítulo de crisis en la JNJ, institución que en los últimos años ha protagonizado escándalos que minan la confianza ciudadana y ponen en jaque la credibilidad del sistema de justicia peruano.
